Comparecen Rocha Moya, Dámaso Castro y Enrique Inzunza ante la FGR

La comparecencia este martes del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; del vicefiscal con licencia Dámaso Castro Saavedra; y del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez ante la Fiscalía General de la República (FGR) marca un nuevo punto crítico en la crisis política y de seguridad que atraviesa la entidad.

Los tres personajes acudieron a instalaciones de la FGR en medio de investigaciones abiertas relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios públicos sinaloenses y estructuras del narcotráfico, particularmente con facciones del Cártel de Sinaloa señaladas por autoridades estadounidenses.

Aunque la FGR no ha confirmado imputaciones formales contra ninguno de ellos, las comparecencias ocurren bajo una presión internacional inédita, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara investigaciones y acusaciones que involucran ya a nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Entre los nombres mencionados en distintos reportes y expedientes se encuentran Rubén Rocha Moya; el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez; el vicefiscal con licencia Dámaso Castro; así como mandos y operadores políticos cercanos a la estructura gubernamental sinaloense.

La presencia de Enrique Inzunza en las diligencias llamó particularmente la atención debido a su cercanía política con Rocha Moya y a su peso dentro del grupo gobernante en Sinaloa. Inzunza fue secretario General de Gobierno antes de llegar al Senado y es considerado uno de los perfiles más influyentes del morenismo sinaloense.

Fuentes federales consultadas por medios nacionales sostienen que las investigaciones buscan esclarecer posibles redes de protección institucional, financiamiento político y presuntos acuerdos entre actores gubernamentales y organizaciones criminales.

Hasta ahora, el gobierno federal ha intentado contener el impacto político del caso. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que las comparecencias no implican automáticamente culpabilidad ni procesos judiciales concluidos. Sin embargo, la imagen de un gobernador en funciones y altos mandos compareciendo ante la FGR ha profundizado el desgaste político del oficialismo en la entidad.

El caso también ha comenzado a generar tensión diplomática debido al papel activo de autoridades estadounidenses en las investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y operaciones criminales transnacionales.

En Sinaloa, mientras tanto, la situación se desarrolla en un contexto de violencia sostenida, enfrentamientos entre grupos criminales y creciente presión pública sobre las instituciones locales de seguridad y procuración de justicia.

Aunque las autoridades mexicanas insisten en que las investigaciones continúan en etapa preliminar, el escenario político ya cambió: por primera vez en años, una parte importante de la élite política sinaloense se encuentra bajo el reflector simultáneo de la FGR y de agencias estadounidenses.

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