Morena y sus aliados en el Congreso aprobaron una de las modificaciones más controvertidas del paquete de reformas judiciales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum: la posibilidad de que cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan contender nuevamente en la elección judicial de 2028 y, en caso de resultar electos, extender su permanencia hasta 2034.
La decisión generó una fuerte reacción de legisladores de oposición, quienes calificaron la medida como un “premio”, un “regalo” e incluso un “soborno legislativo” para magistrados considerados cercanos al oficialismo.
Los beneficiarios de la reforma serían los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón, quienes actualmente integran la Sala Superior del Tribunal Electoral. Con la modificación aprobada, podrían postularse nuevamente en la elección judicial programada para 2028 y extender su presencia en el máximo órgano electoral del país.
La polémica se intensificó porque la modificación no formaba parte central de la propuesta original enviada por el Ejecutivo federal. El cambio fue incorporado durante el proceso legislativo y provocó inconformidad incluso entre legisladores de Morena. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar calificó la medida como una “vergüenza” y un “ridículo nacional”, mientras que más de una veintena de legisladores oficialistas optaron por abstenerse durante la votación.
Desde el oficialismo se ha defendido la reforma argumentando que no se trata de una reelección automática, sino de la posibilidad de competir nuevamente bajo las reglas del nuevo modelo de elección judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los magistrados tendrían que someterse al voto ciudadano para mantenerse en el cargo.
La reforma forma parte de un paquete más amplio que también incluye el aplazamiento de la siguiente elección judicial hasta 2028, la creación de nuevos mecanismos de evaluación para aspirantes y modificaciones relacionadas con la nulidad de elecciones por intervención extranjera.
Sin embargo, para la oposición, el punto más delicado sigue siendo el beneficio otorgado a los magistrados electorales. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sostienen que la medida compromete la imparcialidad del órgano encargado de calificar las elecciones y fortalece la percepción de cercanía entre el Tribunal Electoral y el bloque gobernante.
El episodio exhibió además una de las pocas fracturas visibles dentro de Morena durante la discusión de la reforma judicial, considerada una de las principales apuestas institucionales del nuevo gobierno federal.