“Vamos tras ellos”: zar antidrogas de EE.UU. advierte acciones contra funcionarios que protejan a cárteles

WASHINGTON, D.C.- La directora de la política nacional de control de drogas de Estados Unidos, conocida como la “zar antidrogas”, aseguró que el gobierno estadounidense mantiene como objetivo perseguir no solo a los integrantes de los cárteles de la droga, sino también a los funcionarios que presuntamente les brinden protección o faciliten sus operaciones.

Durante declaraciones difundidas por medios estadounidenses, la funcionaria señaló que las organizaciones criminales no podrían operar con la misma capacidad sin redes de corrupción que les permitan mantener influencia dentro de instituciones públicas.

La responsable de la estrategia antidrogas sostuvo que la administración estadounidense continuará utilizando herramientas de inteligencia, cooperación internacional y mecanismos judiciales para identificar a quienes colaboren con grupos del crimen organizado, independientemente de su cargo o nivel de responsabilidad.

Las declaraciones ocurren en medio del endurecimiento de la estrategia de Washington contra los cárteles mexicanos, particularmente por el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense, fenómeno que ha sido señalado por autoridades de ese país como una de las principales amenazas a la salud pública.

La funcionaria destacó que el combate a estas organizaciones requiere atacar tanto las estructuras criminales como las redes de corrupción que les permiten operar, mover recursos y evitar acciones de las autoridades.

Aunque no mencionó nombres específicos ni presentó acusaciones concretas contra funcionarios mexicanos, afirmó que las investigaciones continúan y que Estados Unidos mantiene coordinación con diversas agencias para identificar posibles vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, pero también de tensiones diplomáticas derivadas de propuestas impulsadas por sectores políticos estadounidenses para incrementar la presión sobre los cárteles.

El gobierno mexicano ha reiterado en distintas ocasiones que cualquier acción relacionada con investigaciones o procedimientos judiciales debe respetar la soberanía nacional y desarrollarse dentro de los mecanismos de cooperación bilateral establecidos entre ambos países.

La postura de Washington refuerza el mensaje de que la lucha contra el narcotráfico no se limita a los líderes criminales, sino que también busca identificar y sancionar posibles redes de protección institucional que permitan la operación de los grupos delictivos.