Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolverá este miércoles si concede el registro como partidos políticos nacionales a cuatro organizaciones que cumplieron con el proceso de afiliación y realización de asambleas exigido por la ley. La sesión se desarrolla en medio de cuestionamientos por la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que entregó información reservada sobre algunos de los solicitantes.
Las organizaciones que buscan obtener el registro son Somos MX, México Republicano, Partido Construyendo Solidaridad y Partido de la Esperanza, las cuales, de ser aprobadas, podrán participar en las elecciones federales de 2027 y acceder al financiamiento público previsto por la legislación electoral.
Sin embargo, horas antes de la sesión, la UIF remitió al INE información considerada sensible sobre algunas de las organizaciones aspirantes. El contenido fue clasificado como confidencial y únicamente quedó bajo resguardo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La actuación de la UIF provocó críticas entre integrantes del Consejo General. Consejeros electorales calificaron el procedimiento como "irregular" e "inusual", al considerar que no existen precedentes de una intervención de esa naturaleza en un proceso de registro de nuevos partidos políticos y advirtieron que la información no puede utilizarse sin respetar el debido proceso.
Los consejeros señalaron que cualquier decisión deberá sustentarse en pruebas legalmente incorporadas al expediente y no en información reservada entregada fuera de los procedimientos establecidos por la autoridad electoral.
Durante la sesión, el Consejo General analizará los dictámenes elaborados por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, revisando el cumplimiento de requisitos como el número mínimo de afiliados, la celebración de asambleas y la documentación financiera presentada por cada organización.
La resolución del INE definirá el mapa de fuerzas políticas que participarán en los comicios federales de 2027, en un proceso que ha generado especial atención por el debate sobre los límites de la intervención de otras autoridades en las decisiones del órgano electoral.