Washington, D.C. La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un revés a la política migratoria del presidente Donald Trump al impedir que entre en vigor de manera generalizada su orden ejecutiva para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una de las propuestas más controvertidas de su administración.
La decisión mantiene protegida la aplicación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres, con excepciones muy limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros.
La orden ejecutiva impulsada por Trump buscaba negar ese derecho a los hijos de migrantes en situación irregular o con permisos temporales de estancia, argumentando que la interpretación vigente de la Constitución había incentivado la migración irregular. Sin embargo, diversos tribunales federales bloquearon la medida al considerar que podría contravenir la protección constitucional vigente.
Con su resolución, la Corte Suprema mantuvo suspendida la aplicación nacional de la orden mientras continúan los procesos judiciales relacionados con su constitucionalidad. Aunque el máximo tribunal no resolvió de manera definitiva el fondo del debate sobre la ciudadanía por nacimiento, sí evitó que la medida pudiera implementarse de forma inmediata en todo el país.
Especialistas en derecho constitucional consideran que el fallo representa una victoria para las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que sostienen que modificar este principio requeriría una reforma constitucional y no únicamente una orden ejecutiva del Poder Ejecutivo.
La ciudadanía por nacimiento ha formado parte del sistema jurídico estadounidense desde 1868, cuando fue incorporada a la Constitución tras la Guerra Civil, convirtiéndose en uno de los pilares del derecho constitucional del país.
La resolución también representa un nuevo obstáculo para la agenda migratoria de Donald Trump, quien ha prometido endurecer las políticas de control fronterizo y modificar diversos aspectos del sistema migratorio estadounidense. Mientras tanto, el debate sobre el alcance de la ciudadanía por nacimiento continuará en los tribunales y podría volver a llegar a la Corte Suprema para una resolución definitiva sobre el fondo del caso.