¿Proteger a Rocha Moya nos costó el T-MEC?

Hay preguntas que incomodan porque obligan a mirar donde nadie quiere. Esta es una de ellas.

¿Proteger a Rocha Moya nos costó el T-MEC?

Durante meses, el gobierno federal y Morena hicieron algo poco común en la política mexicana: cerrar filas de manera casi absoluta alrededor de un gobernador. Gobernadores publicando desplegados. Dirigentes nacionales defendiendo lo indefendible. Legisladores repitiendo el mismo libreto. La consigna era clara: aquí nadie se cae.

Y cuando un sistema político decide gastar tanto capital en proteger a una sola persona, la pregunta deja de ser quién es ese personaje. La pregunta correcta es cuánto está dispuesto a pagar por él.

Porque mientras en México nos entreteníamos discutiendo si todo era una campaña mediática o una conspiración de la oposición, en Washington la conversación era completamente distinta.

Allá no estaban viendo conferencias mañaneras. Estaban viendo un país donde el combate al crimen organizado parece avanzar a velocidades distintas dependiendo de quién aparezca involucrado. Un país donde el huachicol fiscal preocupa a las agencias estadounidenses. Donde el tráfico de fentanilo sigue marcando la agenda bilateral. Donde la confianza institucional dejó de darse por sentada.

Y la confianza, aunque aquí a veces se nos olvide, también mueve dinero.

Ninguna empresa invierte miles de millones de dólares solamente porque un tratado comercial exista. Lo hace porque cree que existen reglas, instituciones y un Estado capaz de hacerlas cumplir. Cuando esa percepción comienza a deteriorarse, el problema deja de ser político. Se convierte en económico.

Eso explica por qué las presiones de Estados Unidos ya no se limitan a la seguridad. Ahora alcanzan el comercio, las inversiones y la revisión de compromisos internacionales. Porque para nuestros principales socios una cosa termina conectándose con la otra.

Aquí seguimos creyendo que podemos separar los temas como si fueran cajones distintos. Seguridad por un lado. Comercio por otro. Política interna en un tercero.

Ellos no.

Para Estados Unidos todo forma parte de la misma ecuación: si un gobierno no genera confianza para combatir redes criminales, ¿por qué habría de generar confianza para proteger inversiones, garantizar competencia o hacer cumplir las reglas del juego?

Y ahí es donde la defensa cerrada de Rocha Moya deja de ser un asunto de Sinaloa.

Se convierte en un mensaje institucional.

Porque proteger a un gobernador no solo significa respaldar a una persona. Significa decirle al mundo cuáles son las prioridades del Estado mexicano. Significa decidir si el costo político de romper con alguien cercano es mayor que el costo internacional de parecer un gobierno dispuesto a mirar hacia otro lado.

Ese cálculo puede servir para ganar tiempo en la política doméstica.

Pero afuera las facturas llegan completas.

Quizá el T-MEC no entró en zona de tensión por un solo hombre. Sería ingenuo sostenerlo. Hay muchos factores detrás de una relación tan compleja.

Lo verdaderamente inquietante es otra cosa.

Que cuando México necesitaba enviar señales de fortaleza institucional, decidió enviar señales de lealtad política.

Y esas son las decisiones que después cuestan miles de millones.

Porque los tratados comerciales se firman entre gobiernos.

La confianza, en cambio, se firma todos los días.

Y tarda años en construirse.

Basta una mala apuesta para empezar a perderla.