Perdón inmerecido: cuando una víctima perdona, pero el Estado nunca respondió

La propia Felicia lo dijo con claridad: Víctor la amenazó. Le preguntó qué haría si ella lo denunciaba, cómo iba a pagar sola sus gastos, cómo podría salir adelante sin él.

Y aun así, se atrevió.

Denunció. Presentó evidencia. Hizo pública su historia. Se enfrentó a un hombre poderoso, con influencia política, económica y relaciones en las más altas esferas del poder.

Y después de hacerlo, quedó sola.

Porque más allá del proceso judicial, este caso deja una pregunta mucho más incómoda: ¿qué hizo el Estado para proteger a una mujer que decidió denunciar a un hombre poderoso?

La respuesta, hasta ahora, parece ser: muy poco.

La propia Felicia declaró en entrevista con Azucena Uresti que no recibió apoyo económico, que no tuvo respaldo para conseguir un empleo, que no contó con una pensión temporal que le permitiera sostenerse mientras enfrentaba el proceso. Incluso la encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres reconoció que no existió dicho apoyo.

La respuesta institucional fue ofrecer terapia, acompañamiento y “procesos integrales”, además de sugerirle incorporarse posteriormente a algún programa social.

¿A quién quieren engañar?

México tiene millones de mujeres esperando acceder a distintos apoyos gubernamentales. Pretender que una víctima de violencia puede simplemente inscribirse en una larga fila burocrática mientras enfrenta un proceso contra un hombre poderoso es desconocer completamente la realidad.

La justicia también necesita condiciones materiales para existir.

Una mujer sin ingresos, sin empleo, sin una red de protección y con el temor adicional de su situación migratoria difícilmente puede enfrentar en igualdad de circunstancias a un hombre con poder político y económico.

Por eso, aunque solamente Felicia conoce las razones profundas de su decisión, sería ingenuo no plantearse algunas preguntas incómodas.

¿Otorgó el perdón por miedo?

¿Lo hizo desde la vulnerabilidad?

¿Influyó el abandono institucional?

Tal vez nunca lo sabremos.

Lo que sí sabemos es la secuencia de los hechos: un hombre poderoso la amenazó con las consecuencias económicas de denunciarlo; ella, aun así, denunció; presentó pruebas; expuso públicamente su caso; pidió ayuda; y el Estado no le brindó las condiciones materiales mínimas para enfrentar esa batalla.

La revictimizaron.

El Estado le falló.

Y por las razones que solamente ella conoce, terminó otorgando el perdón a su agresor.

Este caso debió convertirse en un ejemplo nacional. Debió demostrar que cualquier hombre puede ser juzgado, sin importar si es cercano a la Cuarta Transformación, al PAN o a Movimiento Ciudadano. Debió enviar el mensaje de que ninguna relación de poder está por encima de la ley.

Pero terminó enviando un mensaje mucho más preocupante: que en México todavía existen mujeres que pueden sentirse completamente solas después de denunciar.

Felicia tomó una decisión que únicamente a ella corresponde.

Pero la sociedad tiene derecho a preguntarse bajo qué circunstancias fue tomada esa decisión.

Porque si una mujer cuyo caso ocupó titulares nacionales no recibió el respaldo suficiente del Estado, ¿qué puede esperar la mujer anónima que jamás aparecerá en los medios?

A Felicia le corresponde el perdón.

Pero a la sociedad le corresponde la memoria.

Y a Víctor, el juicio moral de la historia.

Porque tal vez ella decidió perdonarlo.

Pero muchos hombres de este país no estamos dispuestos a perdonar la violencia, venga de quien venga y milite donde milite.