¿ES ERNESTO RUFFO UN PRESO POLÍTICO?

En política las coincidencias rara vez existen. Y cuando las piezas comienzan a acomodarse de manera tan conveniente para el poder, las preguntas son inevitables.

La reciente detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ha despertado un profundo debate nacional. No solamente por la relevancia política del personaje —el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México—, sino por el momento en que ocurre.

¿Por qué justamente ahora?

La detención se produce en medio de una creciente polémica alrededor de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y de las versiones difundidas en distintos espacios públicos sobre presuntas investigaciones y supuestas conversaciones filtradas que han generado un enorme costo político para su administración. Más allá de la autenticidad o no de dichos materiales, el hecho es que el gobierno bajacaliforniano atraviesa uno de sus momentos más complicados.

Y es precisamente en este contexto cuando se reactiva un proceso judicial contra una de las voces más incómodas y críticas del actual régimen en Baja California.

Las dudas aumentan cuando trasciende que el juez que originalmente conocía del asunto no habría encontrado elementos suficientes para emitir una orden de aprehensión. Posteriormente, el caso cambió de manos y terminó siendo resuelto por una nueva juzgadora surgida del modelo de elección judicial impulsado por la Cuarta Transformación.

Aquí la discusión deja de ser únicamente jurídica y se convierte en política e institucional.

¿Estamos ante un acto de justicia o frente a un caso de utilización del aparato del Estado para enviar un mensaje político?

La pregunta es legítima.

Porque si la Fiscalía contaba con elementos contundentes, ¿por qué no prosperó inicialmente el procedimiento? ¿Por qué el cambio de juzgador? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué en este momento y no antes?

La reforma judicial fue presentada como un mecanismo para democratizar la impartición de justicia. Sin embargo, uno de los principales temores expresados por académicos, especialistas y organismos internacionales era precisamente este: la posibilidad de que jueces electos bajo una fuerte influencia política terminaran respondiendo más a intereses de poder que a criterios estrictamente jurídicos.

Si el caso de Ernesto Ruffo termina demostrando que existían pruebas sólidas y que el proceso se condujo con absoluta legalidad, será la propia justicia quien lo determine.

Pero si, por el contrario, se acredita que hubo presiones, cambios estratégicos de juzgadores o una utilización selectiva de las instituciones, México estaría frente a uno de los episodios más delicados de persecución política de los últimos años.

Porque la democracia no muere únicamente cuando se persigue a los opositores.

También se erosiona cuando la ciudadanía comienza a sospechar que la justicia tiene calendario político.

Y en el caso de Ernesto Ruffo, las preguntas son demasiadas y las respuestas, hasta ahora, insuficientes.