Estados Unidos anunció una nueva ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al presentar un organigrama actualizado de la organización criminal y sancionar a decenas de personas y empresas presuntamente relacionadas con sus operaciones financieras.
La acción fue encabezada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que impuso sanciones contra 55 personas físicas y morales señaladas por formar parte de la red económica del grupo criminal. Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó cuentas bancarias vinculadas con la investigación y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como parte de la actualización del organigrama, las autoridades estadounidenses identifican a Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, señalado como hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, como uno de los principales operadores y presuntos líderes de la organización. También aparecen otros familiares, colaboradores y operadores financieros que, de acuerdo con las investigaciones, habrían participado en el manejo de empresas utilizadas para ocultar y mover recursos del cártel.
Las sanciones implican el congelamiento de cualquier bien o activo que los señalados posean bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con ellos.
En México, la UIF informó que las medidas alcanzan a un total de 63 personas físicas y empresas, luego de coordinarse con autoridades estadounidenses para detectar movimientos financieros presuntamente relacionados con el CJNG. Asimismo, la dependencia confirmó la presentación de una denuncia penal para que las investigaciones continúen en territorio nacional.
Las autoridades de ambos países señalaron que el objetivo es afectar la capacidad financiera del CJNG, considerado una de las organizaciones criminales más poderosas y con mayor presencia internacional, mediante el desmantelamiento de las estructuras que presuntamente permiten el lavado de dinero y el financiamiento de sus actividades ilícitas.