ESPAÑA PIDE APOYO A FRONTEX Y EUROPOL PARA AFRONTAR CRISIS MIGRATORIA EN CEUTA

Madrid, España, 28 de agosto de 2026.– El Gobierno de España solicitó formalmente apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, para reforzar la gestión migratoria en Ceuta, donde miles de personas permanecen después de la entrada masiva registrada desde Marruecos a finales de julio.

La petición fue enviada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Beate Gminder, directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea.

España solicitó específicamente el envío de 10 agentes adicionales de Frontex para participar en labores de identificación y clasificación de las personas que todavía no han sido sometidas al procedimiento correspondiente.

El Gobierno también pidió cooperación de Europol para reforzar las investigaciones relacionadas con posibles redes de tráfico de migrantes, además de apoyo de la Agencia de Asilo de la Unión Europea para realizar entrevistas y proporcionar intérpretes.

La solicitud ocurre casi un mes después de la entrada masiva registrada el 30 de julio, cuando al menos 72 mil personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, de acuerdo con las cifras difundidas inicialmente por el Ministerio del Interior español.

Estimaciones oficiales posteriores han situado incluso alrededor de 80 mil el número de personas que habrían ingresado durante los días 30 y 31 de julio.

Una gran parte de los migrantes fue devuelta a Marruecos durante las primeras horas y días posteriores a la crisis.

Sin embargo, las autoridades calculan que entre 5 mil y 8 mil personas permanecen todavía en Ceuta, situación que ha obligado al Gobierno a desplegar recursos adicionales para identificar quiénes pueden ser retornados y quiénes tienen derecho a iniciar procedimientos de protección internacional o asilo.

El objetivo del apoyo europeo será acelerar ese proceso de clasificación individual.

Las autoridades españolas han señalado que quienes no cumplan con los requisitos legales para permanecer en territorio español podrían ser repatriados hacia Marruecos o hacia sus países de origen, mientras que las solicitudes de protección internacional deberán ser analizadas conforme a la legislación española y europea.

La entrada masiva dejó además un elevado saldo de víctimas.

Los reportes citados por Reuters y medios españoles indican que al menos 82 personas murieron del lado español de la frontera, mientras Marruecos confirmó otras 14 muertes relacionadas con los acontecimientos.

La crisis también ha provocado una creciente tensión social en Ceuta.

Miles de migrantes han permanecido temporalmente en instalaciones habilitadas por las autoridades y en campamentos improvisados, mientras algunos grupos se instalaron en la zona de la playa del Trampolín.

En los últimos días se han registrado protestas de residentes que exigen soluciones al Gobierno español y una mayor presencia de las autoridades.

También se han denunciado ataques e incendios contra tiendas de campaña utilizadas por migrantes.

La situación derivó además en enfrentamientos.

Doce migrantes fueron detenidos después de un incidente en el que se lanzaron piedras contra un vehículo militar. Posteriormente, un tribunal determinó la expulsión de 11 de ellos.

Los episodios han incrementado la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para acelerar tanto la atención humanitaria como los procedimientos migratorios y reforzar la seguridad en la ciudad autónoma.

Grande-Marlaska ya había enviado previamente agentes especializados de la Policía Nacional para reforzar las tareas de extranjería y agilizar los expedientes relacionados con las personas que permanecen en Ceuta.

La crisis también abrió un debate político en España sobre la capacidad de anticipación de las autoridades.

Dentro del propio Gobierno han surgido versiones diferentes respecto a si los servicios de inteligencia habían advertido previamente sobre la posibilidad de una entrada masiva desde Marruecos.

Mientras el Ministerio del Interior ha sostenido que no recibió información que permitiera anticipar una movilización de esa magnitud, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido que existieron indicios previos de una posible situación de riesgo.

La Comisión Europea había ofrecido desde el inicio de la emergencia ampliar el respaldo operativo y financiero a España.

Ahora, con la petición formal presentada por Madrid, Bruselas deberá determinar el alcance y los tiempos del despliegue adicional.

La colaboración no se limitaría a Frontex.

España busca que Europol refuerce la cooperación con las fuerzas de seguridad para investigar organizaciones dedicadas al tráfico de personas y que las instituciones europeas de asilo apoyen la evaluación individual de quienes puedan solicitar protección internacional.

La relación con Marruecos será otro elemento central.

El Gobierno español sostiene que la cooperación bilateral permitió retornar rápidamente a buena parte de las personas que cruzaron la frontera durante la crisis de julio.

Sin embargo, la magnitud del episodio ha generado cuestionamientos sobre la vigilancia fronteriza y las circunstancias que permitieron que decenas de miles de personas alcanzaran Ceuta en cuestión de horas.

A casi un mes de aquellos acontecimientos, España busca ahora apoyo directo de la Unión Europea para reducir la presión sobre Ceuta y determinar la situación jurídica de los miles de migrantes que aún permanecen en territorio español.

La prioridad inmediata será completar los procedimientos de identificación, garantizar atención a quienes tengan derecho a protección internacional y ejecutar los retornos que correspondan conforme a la legislación europea.