RUFFO APPEL HABRÍA DETECTADO DIFERENCIAS EN FERROTANQUES ANTES DE SER DETENIDO, AFIRMA SU HIJA

Ciudad de México.- La defensa pública de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California actualmente procesado por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, incorporó un nuevo elemento al caso: según su hija, Verónica Ruffo, el exmandatario comenzó a sospechar desde 2024 que existían inconsistencias entre la capacidad real de los ferrotanques utilizados en las operaciones y los volúmenes asentados en la documentación.

La versión resulta relevante porque precisamente la diferencia entre el combustible declarado y el presuntamente transportado constituye una pieza central de la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia sostiene que la red introducía combustible desde Estados Unidos declarando cantidades muy inferiores a las realmente transportadas.

De acuerdo con Verónica Ruffo, su padre ingresó alrededor de 2021 como socio de Ingemar, empresa involucrada en las operaciones investigadas. La familia sostiene que era un inversionista sin control operativo ni representación legal y que sólo habría acudido en dos ocasiones a las oficinas de la compañía en la Ciudad de México. La FGR mantiene una interpretación distinta sobre su participación dentro de la estructura empresarial y criminal que investiga.

LAS SOSPECHAS HABRÍAN COMENZADO EN 2024

Según el relato de su hija, uno de los episodios que despertó las sospechas de Ruffo ocurrió durante un viaje a Nuevo León en 2024, cuando acudió a firmar un poder relacionado con Crismon Hidrocarburos y Derivados, empresa que mantenía operaciones con Ingemar.

Ruffo habría preguntado entonces por qué los ferrotanques utilizados tenían capacidad para transportar cantidades de combustible considerablemente mayores a las establecidas en los permisos.

Verónica Ruffo reconoce que desconoce la capacidad exacta de esas unidades y tampoco pudo precisar qué tipo de poder firmó su padre durante aquella visita. Según su versión, cuando Ruffo cuestionó el tamaño de los ferrotanques, recibió como explicación que las unidades ya estaban rentadas y debían movilizarse.

La familia asegura que ese episodio llevó al exgobernador a contratar posteriormente a un abogado especializado en materia aduanera y a una persona administrativa que pudiera revisar desde dentro la documentación de la empresa.

Durante 2025, sostiene su hija, Ruffo incluso intentó vender su participación accionaria al considerar que algunas operaciones no eran suficientemente claras, pero no pudo concretar la salida porque necesitaba la autorización del socio mayoritario.

La versión todavía deberá ser contrastada judicialmente.

La Fiscalía sostiene que el esquema investigado consistía precisamente en declarar volúmenes cercanos a 10 mil litros por ferrotanque cuando las unidades transportaban más de 100 mil litros. La investigación inicial documentó al menos 163 unidades y posteriormente identificó otros cargamentos con características semejantes.

Una investigación periodística de EL PAÍS basada en registros comerciales y aduanales estimó que la red habría movilizado más de 800 millones de litros en aproximadamente 15 meses. Esa cifra corresponde a la reconstrucción periodística y no equivale al volumen que hasta ahora ha quedado judicialmente acreditado.

CRISMON, EL ESLABÓN QUE LA FAMILIA PIDE INVESTIGAR

Otro punto de la defensa está en Crismon Hidrocarburos y Derivados.

Verónica Ruffo sostiene que esa compañía era la principal —y, según su conocimiento, única— contraparte operativa de Ingemar, encargada de comercializar el combustible y rentar los ferrotanques.

La hija del exgobernador asegura que Ingemar contaba con autorización para transportar líquidos, pero que no compraba directamente el combustible ni contrataba las unidades ferroviarias. También mencionó operaciones relacionadas con otras compañías y con el transporte ferroviario, aunque insistió en que la relación de Ingemar pasaba por Crismon.

Crismon también aparece en la investigación de la FGR. Documentos revisados por distintos medios señalan vínculos corporativos entre ambas compañías y movimientos financieros importantes. La Fiscalía investiga un entramado que involucraría por lo menos a 11 empresas utilizadas en distintas etapas de importación, recepción, distribución y comercialización de hidrocarburos.

La familia de Ruffo considera que otro documento podría resultar determinante: el Manifiesto Único Ferroviario (MUF).

Su argumento es que debe compararse la cantidad de combustible registrada por el operador ferroviario con los volúmenes declarados ante las autoridades aduaneras. Una eventual diferencia entre ambos registros podría ayudar a establecer en qué punto de la cadena se modificó la información sobre las cantidades transportadas.

La Fiscalía afirma que precisamente ha reconstruido parte de la operación mediante pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa.

LOS 18 MILLONES Y LAS DOS VERSIONES DEL CASO

Otro de los puntos centrales son 18 millones de pesos recibidos por Ruffo.

Para la FGR, esos recursos forman parte de los elementos utilizados para sostener que el exgobernador obtuvo beneficios económicos relacionados con la operación investigada.

Su familia ofrece una explicación distinta.

Verónica Ruffo asegura que no fueron utilidades ni pagos derivados de la comercialización de combustible, sino un préstamo concedido por Ingemar a su padre, condicionado a futuras utilidades y con un plazo de tres años para ser devuelto. También afirma que la empresa todavía no generaba utilidades cuando se realizaron esos movimientos.

Ese punto, como el resto de las explicaciones ofrecidas por la familia, deberá resolverse dentro del proceso judicial.

Ruffo Appel permanece recluido en el penal federal del Altiplano mientras enfrenta las acusaciones. Su familia ha solicitado que pueda continuar el procedimiento bajo prisión domiciliaria y sostiene que el exgobernador informó a las autoridades sobre las irregularidades que decía haber comenzado a detectar.

La FGR, por el contrario, ha rechazado que exista una persecución política y sostiene que Ruffo está sujeto a proceso por su probable participación en una estructura dedicada al contrabando de combustible. La investigación continúa abierta y alcanza a más empresarios y compañías.

El nuevo relato de la familia coloca así una pregunta en el centro del expediente: si Ruffo efectivamente detectó desde 2024 que la capacidad de los ferrotanques no coincidía con los volúmenes documentados, ¿qué hizo con esa información y qué responsabilidad tenía dentro de la compañía?

Para la defensa, esas sospechas ayudarían a demostrar que intentaba descubrir qué ocurría dentro de Ingemar.

Para la Fiscalía, el problema será determinar si esos indicios son compatibles con la conducta de un socio ajeno al esquema o si, por el contrario, Ruffo conocía suficientemente el funcionamiento de las operaciones que hoy forman parte de la acusación.

La respuesta ya no dependerá de las declaraciones públicas de la familia ni de las afirmaciones de la Fiscalía, sino de lo que pueda acreditarse con documentos, registros ferroviarios, operaciones financieras y pruebas ante el juez.