TABE Y DIPUTADOS DEL PAN FORMAN FRENTE PARA REVISAR OBRAS IRREGULARES EN MIGUEL HIDALGO

Ciudad de México.- El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció junto con legisladores del Partido Acción Nacional la creación de un frente común para revisar presuntas irregularidades en desarrollos inmobiliarios y establecimientos de la demarcación, particularmente aquellos casos en los que los sellos de clausura han sido retirados después de resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

De acuerdo con Tabe, la alcaldía acumula más de 30 denuncias ante distintas autoridades relacionadas principalmente con la violación o retiro de sellos colocados en inmuebles que habían sido clausurados por posibles incumplimientos a la normatividad urbana.

El alcalde señaló que una de las principales acciones del frente será hacer visibles las resoluciones que permiten reabrir construcciones o establecimientos previamente suspendidos, con la intención de que puedan ser revisadas públicamente y se conozcan los criterios utilizados por magistrados y autoridades.

“Cuando las cosas se esconden, las transas aumentan; cuando los temas se debaten públicamente, la legalidad impera”, afirmó Tabe, quien adelantó que entregará periódicamente información al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa sobre los casos que la alcaldía considere especialmente relevantes.

Entre los predios señalados por la administración de Miguel Hidalgo se encuentran inmuebles ubicados en calles como Arquímedes, Galileo y Moliere, así como en Bosques de Duraznos y Pinos, zonas donde la actividad inmobiliaria ha generado durante años conflictos entre desarrolladores, autoridades y organizaciones vecinales.

Uno de los casos señalados durante la presentación fue un inmueble de Bosques de las Lomas. La diputada panista Laura Álvarez aseguró que el predio operaba con un giro hotelero presuntamente sin cumplir con toda la normatividad correspondiente y que los sellos colocados por la autoridad fueron posteriormente retirados mediante una resolución judicial.

El vicecoordinador de la bancada del PAN en el Congreso capitalino, Diego Garrido, y la diputada América Rangel anunciaron que llevarán el asunto al Poder Legislativo mediante puntos de acuerdo, solicitudes de comparecencia y mesas de trabajo con representantes del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La intención, señalaron, será conocer los argumentos jurídicos detrás de aquellas resoluciones que han permitido retirar clausuras y determinar si las decisiones se encuentran debidamente sustentadas en la legislación urbana de la capital.

El planteamiento de Tabe y los diputados ocurre en medio de una discusión más amplia sobre las construcciones irregulares en Miguel Hidalgo.

El propio Congreso de la Ciudad de México aprobó en agosto un exhorto dirigido a la alcaldía y a otras autoridades capitalinas para reforzar la inspección, verificación y sanción de construcciones con niveles excedentes. En aquel pronunciamiento legislativo se señaló que Miguel Hidalgo registraba un incremento de 183 por ciento en pisos construidos presuntamente fuera de la normatividad.

Esto coloca el problema en una dimensión que involucra a diferentes autoridades. Mientras Tabe cuestiona resoluciones judiciales que, según su administración, han permitido retirar clausuras, desde el Congreso también se ha exigido a la propia alcaldía fortalecer sus mecanismos de vigilancia y actuación frente al crecimiento de desarrollos irregulares.

Otro antecedente se encuentra en Arquímedes 32, en Polanco IV Sección, donde el Congreso capitalino solicitó a diferentes dependencias verificar la legalidad del conjunto habitacional EQIA después de denuncias vecinales relacionadas con el proyecto y con la reactivación de la comercialización de departamentos.

El nuevo frente impulsado por Tabe pretende concentrarse precisamente en este tipo de expedientes: construcciones o negocios intervenidos administrativamente por la alcaldía que posteriormente logran retirar sellos o continuar sus actividades mediante determinaciones de otras instancias.

Hasta ahora, los señalamientos presentados por el alcalde y los legisladores constituyen denuncias y cuestionamientos públicos sobre determinadas resoluciones. Corresponderá al Tribunal de Justicia Administrativa explicar los fundamentos de sus decisiones y, en los casos donde existan denuncias penales, a la Fiscalía capitalina determinar si se configuró alguna conducta ilícita.

La controversia abre también una discusión sobre la coordinación entre alcaldías, Gobierno de la Ciudad de México, Congreso, Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscalía frente al crecimiento inmobiliario de zonas como Polanco, Lomas de Chapultepec y Bosques de las Lomas.

El frente anunciado buscará ahora trasladar esa discusión al Congreso y someter a revisión pública los expedientes que la alcaldía considere más relevantes, mientras continúa el debate sobre qué autoridad debe responder cuando una construcción clausurada logra posteriormente reabrir sus puertas.