EXSECRETARIO DE FINANZAS DE MICHOACÁN, SEÑALADO COMO PRESUNTO LÍDER DE RED DE EXTORSIÓN QUE USABA IA

ESTADO DE MÉXICO.- La investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ubicó el supuesto centro de operaciones en un inmueble del fraccionamiento La Providencia, en Metepec. Junto con Miranda Contreras fueron detenidos Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N”. Los cinco fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión y quedaron bajo prisión preventiva justificada.

De acuerdo con las indagatorias, la organización contactaba inicialmente a sus víctimas mediante llamadas o mensajes en los que sus integrantes se hacían pasar por secretarios particulares de funcionarios de alto nivel. Posteriormente, otro miembro asumía la identidad de gobernadores, ministros de la Suprema Corte, presidentes municipales o funcionarios de la Presidencia para solicitar dinero, contrataciones, favores o incorporaciones a cargos públicos.

La investigación sostiene que el grupo utilizaba herramientas de inteligencia artificial para imitar las voces de funcionarios y generar conversaciones falsas que reforzaban el engaño. También empleaban números telefónicos configurados con fotografías, nombres y logotipos institucionales para aparentar comunicaciones oficiales. Durante el cateo fueron asegurados al menos 19 teléfonos celulares, tarjetas SIM y vehículos de alta gama.

Miranda Contreras ocupó la Tesorería General y posteriormente la Secretaría de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013, durante la administración del entonces gobernador Fausto Vallejo. Las autoridades consideran que su conocimiento sobre estructuras gubernamentales y relaciones políticas habría sido aprovechado para construir el esquema de suplantación.

El exfuncionario ya había enfrentado anteriormente problemas legales. En 2017 fue detenido por su presunta responsabilidad en un caso de peculado relacionado con 26 millones 680 mil pesos, correspondientes a pagos por servicios que, según la investigación de aquella época, habrían sido cubiertos pese a no haber sido recibidos por el Gobierno de Michoacán.

Las investigaciones continúan para determinar el número total de víctimas, los montos presuntamente obtenidos y el alcance de la estructura. Hasta ahora, las autoridades señalan que la red operaba al menos desde 2021 y dirigía sus engaños principalmente contra empresarios, funcionarios y actores políticos.