TLALNEPANTLA, Edomex.- El caso de Ximena Rodríguez Monroy generó cuestionamientos después de que el juez de control Rafael López López determinara que la agresión atribuida a Jorge Alonso “N” no debía continuar bajo la clasificación de feminicidio en grado de tentativa.
De acuerdo con el expediente referido por Excélsior, los hechos ocurrieron el pasado 11 de abril en el estacionamiento de una plaza comercial de Naucalpan, después de que Ximena decidiera terminar una relación que, según su testimonio, había estado marcada por control, manipulación emocional y celos.
La joven relató que su entonces pareja destruyó su teléfono celular, le prensó un tobillo con la puerta de un automóvil y posteriormente la tomó del cuello hasta que perdió el conocimiento. Durante la agresión, aseguró, también recibió amenazas explícitas de muerte.
Los peritajes practicados por un médico legista de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmaron lesiones compatibles con estrangulamiento. A partir de estos elementos, el Ministerio Público había reclasificado inicialmente la investigación como feminicidio en grado de tentativa y consiguió una orden de aprehensión.
Jorge Alonso “N” permaneció prófugo durante aproximadamente cinco meses antes de ser detenido y presentado ante un juez. Sin embargo, durante la audiencia realizada en el Penal de Barrientos, el juzgador desestimó la tentativa de feminicidio.
Según el reporte periodístico de la audiencia, el juez sostuvo que los datos presentados no acreditaban que la vida de la víctima hubiera estado en peligro y calificó lo ocurrido como un “acto de celos”. También consideró que el imputado no representaba actualmente un riesgo suficiente para justificar la prisión preventiva
Como medida para continuar el proceso en libertad, se fijó una garantía económica de 50 mil pesos y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La resolución no equivale a una absolución y el procedimiento penal continúa.
Ximena rechazó públicamente la decisión y aseguró temer por su seguridad debido a que su expareja conoce sus rutinas, trayectos y la institución universitaria en la que estudia.
“Mi vida no tiene precio”, expresó la joven al pedir que se revise la resolución y que se establezcan medidas que garanticen su seguridad.
La estudiante también ha denunciado públicamente que su expareja presumía contar con recursos económicos y contactos que le permitirían evadir consecuencias legales. Esos señalamientos corresponden al testimonio de la víctima y no han sido acreditados judicialmente.
El caso vuelve a colocar bajo discusión los criterios utilizados por los tribunales para juzgar agresiones contra mujeres, particularmente cuando existen antecedentes de violencia en una relación, amenazas de muerte y lesiones que podrían haber puesto en riesgo la integridad de la víctima.
Hasta ahora, el Poder Judicial del Estado de México no ha difundido públicamente una explicación adicional sobre la resolución más allá de lo expuesto durante la audiencia.