DENUNCIAN ABUSOS DE SUPUESTAS FINANCIERAS EN SEIS MUNICIPIOS DE QUERÉTARO; DEUDAS PASAN DE 15 MIL A 60 MIL PESOS

SANTIAGO DE QUERÉTARO, Qro.- El legislador acompañó a personas afectadas que aseguran haber solicitado préstamos por cantidades relativamente pequeñas y posteriormente enfrentar adeudos considerablemente mayores.

Entre los testimonios presentados se encuentra el de un crédito por 15 mil pesos que habría terminado convertido en una deuda de 60 mil pesos. Otros afectados denunciaron cobros tanto al deudor como al aval, así como presuntos embargos en los que se habrían retirado herramientas de trabajo y bienes de primera necesidad.

Eric Silva señaló que situaciones similares han sido reportadas en Colón, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Tolimán, Peñamiller y Tequisquiapan.

“La aparición de supuestas financieras en las comunidades más vulnerables se ha convertido en un cáncer que se tiene que erradicar”, afirmó el diputado, quien sostuvo que algunas personas evitan denunciar por temor a amenazas o represalias.

Jorge Patiño, trabajador comunitario, informó que solamente en San José La Laja fueron identificadas alrededor de 15 supuestas financieras que, de acuerdo con los denunciantes, operarían sin regulación ante las autoridades correspondientes.

Una de las prácticas señaladas consiste en ofrecer nuevos créditos para cubrir préstamos anteriores, generando una acumulación progresiva de deuda que posteriormente puede derivar en procedimientos de cobro sobre viviendas, terrenos u otros bienes.

Silva Hernández anunció que buscarán reunirse con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, para exponer la problemática y revisar los procedimientos relacionados con pagarés y embargos.

Un grupo de abogados ya brinda acompañamiento penal y mercantil a personas interesadas en presentar denuncias ante la Fiscalía y asesoría para revisar documentos firmados.

Los señalamientos deberán ser investigados por las autoridades competentes para determinar la situación jurídica de las empresas involucradas y establecer si existieron delitos o irregularidades en los mecanismos de crédito y cobranza.