Lo mató el Estado

Se ha dicho mucho, quizá demasiado, sobre el asesinato de Carlos Manzo. Se ha hablado de los sicarios, de los autores intelectuales, de las fallas en su seguridad, de las amenazas y hasta de los últimos minutos de su vida. Tanto se ha escrito que, a un año de distancia, resulta complicado encontrar algo nuevo que decir.

Pero hay algo sobre lo que nunca será suficiente insistir: el móvil político.

Porque detrás de toda la reconstrucción criminal permanece una verdad incómoda: a Carlos Manzo lo asesinaron por la manera en que ejercía el poder.

Y por eso vale la pena decirlo sin rodeos:

a Carlos Manzo lo mató el Estado.

No necesariamente porque desde alguna oficina gubernamental se haya dado la orden. Eso, hasta hoy, no está probado.

Lo mató el Estado porque sabía.

Manzo denunció la violencia, pidió ayuda para Uruapan, advirtió sobre los riesgos que enfrentaba y recibió protección oficial. Tenía incluso 14 elementos de la Guardia Nacional destinados a su seguridad periférica. Y aun así lo asesinaron en una plaza pública.

Por acción, si algún día se acredita que desde alguna estructura institucional existió complicidad.

O por omisión, porque un Estado que conoce una amenaza, asume la responsabilidad de proteger y finalmente fracasa, también tiene cuentas que rendir.

Por eso resulta particularmente difícil entender que, un año después, la Fiscalía de Michoacán presuma una investigación prácticamente concluida y descarte el móvil político.

La contradicción está en su propia explicación.

La Fiscalía sostiene que Manzo fue asesinado como represalia por las acciones que emprendió desde la presidencia municipal contra grupos criminales. Es decir: lo mataron por decisiones que tomó ejerciendo el poder público.

¿Y eso no es político?

Confundimos política con partidos y elecciones. Pero política, en su definición más elemental, es poder.

Quién manda.

Quién establece las reglas.

Quién puede hacerlas cumplir.

Carlos Manzo disputaba precisamente eso.

Cuando una organización criminal asesina a un alcalde porque éste afecta sus intereses, no solamente elimina a un individuo: disciplina al poder público. Le dice al siguiente gobernante hasta dónde puede llegar.

Eso es profundamente político.

Y Manzo dejó además nombres. Antes de morir señaló públicamente a Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos como personas a quienes responsabilizaba si algo le sucedía. Grecia Quiroz entregó once videos a la Fiscalía para solicitar que también se investigara esa línea. Los señalamientos no prueban la participación de ninguno de ellos y las autoridades sostienen que no encontraron elementos que acrediten ese móvil. Pero precisamente porque Manzo terminó asesinado, sus advertencias merecían ser investigadas hasta sus últimas consecuencias.

Hay además algo todavía más incómodo.

El asesinato produjo un resultado político objetivo: desapareció un presidente municipal que estaba confrontando abiertamente una estructura criminal y sobrevivió el sistema de poder contra el que se había rebelado.

Eso no demuestra que el gobierno haya ordenado matarlo. Tampoco demuestra por sí mismo un pacto entre autoridades y delincuentes.

Pero sí obliga a preguntarnos por esa convivencia histórica entre poder político y poder criminal en Michoacán: territorios donde formalmente gobierna el Estado, pero donde otros poderes cobran, amenazan, deciden y matan.

Carlos Manzo pretendía romper ese equilibrio.

Y lo mataron.

Por eso su asesinato no puede reducirse a encontrar al sicario.

La pregunta verdaderamente importante es qué estructura permitió que pudieran asesinar a un alcalde que llevaba meses diciendo que estaba en peligro.

Y ésa es también la discusión política que deja Grecia Quiroz.

Su figura ha abierto inevitablemente el debate sobre la continuidad, la alternancia y hasta la posibilidad de construir alrededor de ella una candidatura respaldada por fuerzas políticas distintas.

Cada partido decidirá qué hacer con esa posibilidad y los michoacanos decidirán eventualmente en las urnas.

Pero antes de cualquier elección existe una deuda mucho más elemental.

Carlos Manzo

Quizá nunca se demuestre que el Estado lo hizo por acción.

Lo que resulta mucho más difícil negar es que el Estado pudo evitarlo.

Y ésa también es una responsabilidad política.