GUADALUPE TADDEI: DEL ASCENSO AL INE A LA SUPERMAYORÍA DE MORENA Y EL ESCÁNDALO DE LOS CONTRATOS

La historia de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) merece reconstruirse más allá de su reciente renuncia. Su llegada al organismo, las decisiones electorales que favorecieron al bloque gobernante y los cuestionamientos posteriores sobre contrataciones públicas conforman una secuencia que obliga a revisar la relación entre el poder político y la autoridad encargada de garantizar la limpieza de las elecciones.

No existe, hasta ahora, una resolución judicial que demuestre un acuerdo de intercambio de favores entre Morena y Taddei. Sin embargo, los antecedentes documentados permiten formular preguntas legítimas sobre la independencia del árbitro electoral y los intereses que terminaron rodeando su administración.

La cronología comienza en febrero de 2023.

El 16 de febrero de ese año quedó integrado el Comité Técnico de Evaluación encargado de revisar a los aspirantes a ocupar cuatro vacantes en el Consejo General del INE, incluida su presidencia. El comité estuvo conformado por siete personas: tres designadas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el entonces Instituto Nacional de Transparencia.

Los tres integrantes propuestos por la Jucopo fueron seleccionados con el respaldo de Morena y sus aliados. Diversas publicaciones periodísticas documentaron que cinco de los siete integrantes del comité tenían vínculos con Morena o con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El 26 de marzo se presentó la quinteta para elegir a la nueva presidenta del INE: Bertha Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Rebeca Barrera Amador, Iulisca Zircey Bautista Arreola y Guadalupe Taddei Zavala.

Cuatro de esos cinco perfiles fueron señalados por sus relaciones familiares, políticas o profesionales con el oficialismo. Bertha Alcalde era hija de Bertha Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena; Guadalupe Álvarez era hija del senador morenista José Antonio Álvarez Lima; Iulisca Bautista era pareja de un subsecretario del gobierno de López Obrador, y Taddei tenía vínculos familiares con integrantes de la estructura política y administrativa de Morena en Sonora.

Entre estos últimos destacaban Jorge Luis Taddei, entonces delegado de los programas federales de Bienestar en Sonora; Pablo Daniel Taddei, director de Litio para México, e Ivana Taddei, legisladora local de Morena.

La integración de aquella quinteta no estuvo exenta de cuestionamientos. María Esther Azuela, integrante del propio Comité Técnico de Evaluación, expresó su desacuerdo y advirtió que cuatro de las aspirantes no reunían los estándares de autonomía e imparcialidad que exigía la responsabilidad.

Hay que reconocer un dato: Guadalupe Taddei también tenía una trayectoria profesional de más de 25 años en materia electoral. Había trabajado en el IFE, encabezado el organismo electoral de Sonora entre 2014 y 2021 y presidido el Instituto Sonorense de Transparencia. No era una improvisada en la materia. La controversia estaba en el contexto político de su postulación.

El 31 de marzo de 2023, ante la falta de un acuerdo legislativo por mayoría calificada, la Cámara de Diputados recurrió por primera vez a la insaculación para elegir a la persona que encabezaría el INE. El nombre de Guadalupe Taddei salió de la tómbola. El Tribunal Electoral confirmó posteriormente su designación.

Así comenzó una presidencia que desde su origen quedó rodeada de cuestionamientos sobre la autonomía institucional y la influencia del oficialismo.

LA DECISIÓN QUE LE ENTREGÓ A MORENA LA MAYORÍA CALIFICADA

El momento de mayor trascendencia política de la gestión de Taddei llegó el 23 de agosto de 2024.

Después de las elecciones federales del 2 de junio, el Consejo General del INE tuvo que resolver la asignación de las diputaciones de representación proporcional. La discusión giraba en torno a un asunto fundamental: cómo aplicar el límite constitucional de sobrerrepresentación a los partidos que integraban la coalición de Morena, PT y Partido Verde.

La coalición había obtenido aproximadamente 54 por ciento de los votos, pero la aplicación de la fórmula de asignación por partido le permitió alcanzar 364 de las 500 diputaciones, equivalentes al 72.8 por ciento de la Cámara.

La diferencia entre el respaldo en las urnas y la representación legislativa fue considerable.

El Consejo General aprobó la distribución con siete votos a favor y cuatro en contra en la votación particular del criterio controvertido. Guadalupe Taddei estuvo entre quienes respaldaron la decisión.

El resultado fue contundente: Morena obtuvo 236 diputaciones, el Partido Verde 77 y el PT 51. En conjunto, el bloque oficialista consiguió una mayoría calificada suficiente para modificar la Constitución sin necesitar los votos de la oposición.

La discusión no era menor. La oposición sostenía que el límite constitucional de ocho puntos porcentuales de sobrerrepresentación debía revisarse considerando a la coalición en su conjunto y no solamente a cada partido por separado.

La interpretación que prevaleció permitió que los partidos aliados funcionaran como vehículos para distribuir las candidaturas y las diputaciones, evitando que el bloque enfrentara un límite de representación calculado como una sola fuerza política.

Cinco días después, el 28 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la asignación por cuatro votos contra uno.

El argumento de la mayoría fue que la Constitución establece el límite de sobrerrepresentación por partido y no por coalición, criterio que, según el Tribunal, se había aplicado históricamente.

La magistrada Janine Otálora votó en contra.

La consecuencia política, sin embargo, fue evidente: una coalición con poco más de la mitad de los votos obtuvo casi tres cuartas partes de la Cámara de Diputados.

A esto se le conoce como sobrerrepresentación y, desde una perspectiva política, como una mayoría artificial: no porque las diputaciones fueran inexistentes, sino porque la representación legislativa del bloque se distanció considerablemente de su porcentaje de votación.

Conviene precisar que el TEPJF no depende jerárquicamente del INE. Son instituciones diferentes. Pero ambas resoluciones, primero la administrativa y después la jurisdiccional, permitieron consolidar el resultado que dio al oficialismo el control constitucional del Congreso.

LA ELECCIÓN JUDICIAL: EL INE CAMBIÓ UNA REGLA FUNDAMENTAL DEL CONTEO ELECTORAL

La siguiente etapa llegó en 2025, con la primera elección popular de integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Después de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, el INE recibió el mandato de organizar los comicios para elegir 881 cargos judiciales federales. La responsabilidad operativa recayó en el organismo que encabezaba Guadalupe Taddei.

Es importante establecer una diferencia: el INE no aprobó la reforma constitucional ni decidió que los jueces fueran elegidos mediante voto popular. Esa determinación correspondió al Poder Legislativo. Sin embargo, bajo la presidencia de Taddei, el Consejo General diseñó y aprobó el modelo con el que se llevaría a cabo la elección.

Y una de las decisiones más trascendentes fue modificar la forma tradicional de contar los votos.

El 5 de febrero de 2025, el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG57/2025, que estableció un modelo distinto para las mesas directivas de casilla seccional. El Tribunal Electoral confirmó posteriormente este mecanismo.

Por primera vez en la historia electoral reciente, los funcionarios de casilla dejaron de realizar el escrutinio y cómputo por candidatura al terminar la jornada electoral.

Durante décadas, una de las características fundamentales del sistema electoral mexicano había sido que los ciudadanos seleccionados para integrar las mesas directivas de casilla contaran los votos, identificaran los resultados de cada candidatura y llenaran las actas correspondientes en presencia de representantes y observadores.

En la elección judicial esto cambió.

Los funcionarios de casilla únicamente clasificaron las boletas, las agruparon por tipo de elección, contabilizaron las utilizadas y prepararon los paquetes electorales para trasladarlos a los consejos distritales.

El conteo de los votos por candidatura se realizó posteriormente en las sedes de los 300 consejos distritales del INE.

Guadalupe Taddei defendió públicamente el cambio. Explicó que, debido a la cantidad de cargos y combinaciones posibles, cada boleta podía representar hasta diez votos y resultaba materialmente inviable que los funcionarios de casilla realizaran el escrutinio completo.

Hay una precisión importante: no significa que ningún ciudadano participara en el conteo. Los consejos distritales incorporaron consejerías ciudadanas, personal del Servicio Profesional Electoral y auxiliares. Lo que desapareció fue el conteo por candidatura realizado directamente en cada casilla al cierre de la votación.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos documentó expresamente este cambio en su informe preliminar del 6 de junio de 2025. Señaló que, a diferencia de lo que históricamente había ocurrido en México, los funcionarios de casilla ya no realizaron el escrutinio de los votos por candidato.

La OEA también observó que, debido a la complejidad del proceso y a cuestiones presupuestarias, el INE decidió no implementar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Los resultados se construyeron mediante los cómputos oficiales realizados en los consejos distritales.

La elección se celebró el 1 de junio de 2025. Se instalaron 83 mil 974 casillas seccionales y la participación ciudadana final fue de aproximadamente 12.93 por ciento.

La cifra contrastó con el 60.9 por ciento de participación registrado en la elección federal de 2024.

La OEA calificó la participación como preocupantemente baja y advirtió sobre el alto porcentaje de votos nulos y no marcados. También documentó inquietudes sobre la distribución de los llamados acordeones y su coincidencia con candidaturas ganadoras.

El cambio en el conteo no constituye por sí mismo una prueba de manipulación electoral. Sin embargo, sí representó una modificación sustancial de uno de los mecanismos que históricamente habían dado confianza al sistema democrático mexicano: el escrutinio público de los votos en las propias casillas.

Y Guadalupe Taddei fue la responsable institucional de conducir al INE durante la instrumentación de ese nuevo modelo.

EL DINERO DEL CRIMEN ORGANIZADO: EL INE DESECHÓ LA QUEJA Y TADDEI VOTÓ POR RETIRAR LA VISTA A LA FGR

Otro de los capítulos que merece especial atención es el relacionado con las denuncias sobre presunto financiamiento de campañas de Morena mediante recursos provenientes de actividades criminales.

Los señalamientos no comenzaron en 2026. Desde años anteriores existían denuncias y publicaciones periodísticas sobre la relación entre el empresario Sergio Carmona, conocido como el Rey del Huachicol, y distintos operadores políticos de Morena.

El 10 de abril de 2024, senadores del PAN ampliaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia por el presunto financiamiento ilegal de campañas morenistas mediante el llamado huachicol fiscal.

La acusación retomaba información periodística y señalaba que Carmona habría financiado campañas en distintos estados, particularmente durante el proceso electoral de 2021.

Se trataba de denuncias que debían ser investigadas y no de hechos acreditados judicialmente.

En 2024, al revisar las impugnaciones sobre la validez de la elección presidencial, la Sala Superior del Tribunal Electoral también analizó los señalamientos sobre una posible intervención del crimen organizado en el proceso electoral.

El Tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar que el crimen organizado hubiera determinado el resultado de la elección presidencial o que existiera un vínculo probado entre esas estructuras criminales y Claudia Sheinbaum o la coalición que la postuló.

La resolución tomó en consideración 652 vínculos electrónicos, en su mayoría notas periodísticas, que no permitieron establecer una relación directa entre los hechos denunciados y el resultado presidencial.

Pero hay una distinción jurídica fundamental: el Tribunal estaba resolviendo si existían elementos para anular la elección presidencial, no realizando una auditoría integral del financiamiento de Morena ni una investigación penal sobre el origen de sus recursos.

La controversia volvió a aparecer en 2026.

El 4 de mayo, el ciudadano Luis Enrique de la Cruz Pérez presentó ante el INE una queja contra Morena por la presunta recepción y utilización de recursos de procedencia ilícita para financiar sus actividades ordinarias y campañas electorales.

La denuncia retomó los señalamientos sobre Sergio Carmona y presuntos recursos provenientes del contrabando de combustible destinados a campañas de Morena en Sinaloa, Tamaulipas y Sonora.

Entre los elementos aportados se encontraba un audio de aproximadamente 53 segundos atribuido a una conversación del diputado federal del Partido Verde Mario López Hernández. También se hizo referencia al libro Ni venganza ni perdón, del exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra.

El asunto quedó registrado como expediente INE/Q-COF-UTF/115/2026.

La Unidad Técnica de Fiscalización requirió al denunciante que precisara las circunstancias de tiempo, modo y lugar, identificara las campañas y candidaturas presuntamente beneficiadas y aportara elementos que permitieran relacionar los recursos denunciados con Morena.

El denunciante respondió, pero el INE consideró que la información era insuficiente. Entre sus argumentos señaló que el libro citado no había sido aportado y que tampoco se identificaron sus páginas o fragmentos específicos. Respecto del audio, sostuvo que no permitía establecer cómo las conversaciones involucraban al partido, sus campañas o candidaturas.

El 19 de junio de 2026, el Consejo General del INE resolvió desechar la queja por improcedente.

La resolución fue aprobada por unanimidad, incluida la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Pero hubo una segunda decisión, todavía más relevante.

En una votación particular, el Consejo General aprobó retirar la vista a la Fiscalía General de la República que se había planteado para que esa institución valorara la información y determinara si correspondía iniciar una investigación.

El resultado fue de ocho votos a favor y tres en contra.

Entre los ocho consejeros que votaron por retirar la vista a la FGR se encontraba Guadalupe Taddei.

Los tres votos en contra fueron los de Arturo Castillo Loza, Martín Faz Mora y Carla Humphrey Jordan.

Este dato es especialmente relevante porque no se trató únicamente de desechar una denuncia por deficiencias probatorias. El Consejo General también decidió que ese expediente no fuera remitido a la Fiscalía para que valorara los elementos desde el ámbito penal.

Es importante precisar que jurídicamente no fue una absolución ni una exoneración penal de Morena. El INE no determinó que los recursos señalados tuvieran un origen lícito; desechó la queja por considerar que no reunía los requisitos probatorios necesarios y retiró la vista a la FGR.

Pero el resultado institucional es verificable: no hubo una investigación de fondo sobre esos señalamientos a partir de esa queja ni una remisión de ese expediente a la Fiscalía.

La pregunta periodística es inevitable: si existían señalamientos relacionados con posibles recursos provenientes del huachicol y del crimen organizado, ¿por qué ocho integrantes del Consejo General consideraron que no debía darse vista a la autoridad ministerial?

Y, sobre todo, ¿qué responsabilidad tiene la presidencia del INE cuando una decisión de esta naturaleza termina cerrando una vía institucional para esclarecer el posible financiamiento ilícito de un partido político?

Taddei no fue una espectadora de esa decisión. Su voto quedó registrado.

CAJAS GRAF: LOS NEGOCIOS QUE TERMINARON POR ALCANZAR A TADDEI

La controversia por las contrataciones públicas apareció durante 2025 y terminó por convertirse en el mayor escándalo de la administración de Guadalupe Taddei.

Una investigación de EL PAÍS documentó que una red de empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas obtuvo 853 millones de pesos en 21 licitaciones electorales donde participaron al menos dos compañías relacionadas entre sí.

Entre ellas se encontraban Cajas Graf, Formas Finas, Corporativo Zeg, Seriplast y otras sociedades relacionadas.

El problema señalado por la investigación no era solamente la concentración de contratos, sino la posible simulación de competencia: empresas con representantes, socios y apoderados compartidos aparecían como competidoras en los mismos procedimientos.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió durante la gestión de Taddei.

El 28 de enero de 2025, el INE publicó la licitación LP-INE-001/2025 para adquirir urnas y mamparas destinadas a la elección judicial.

El 7 de febrero, el procedimiento fue declarado desierto. Entre las propuestas rechazadas estaba la presentada por Cajas Graf y Tol Producciones, que no cumplía con los requerimientos técnicos establecidos en la convocatoria.

Sin embargo, el 22 de febrero, el comité de adquisiciones autorizó una adjudicación directa al mismo consorcio. El 6 de marzo se firmó el contrato INE/007/2025 por un monto máximo de 198.7 millones de pesos.

La justificación del organismo fue que la propuesta cumplía con los requerimientos técnicos y económicos.

La contradicción entre el rechazo inicial y la posterior adjudicación directa es uno de los puntos que requieren una explicación documental y una revisión independiente.

A ello se sumaron las relaciones personales entre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas.

En octubre de 2026 comenzaron a difundirse grabaciones y fotografías de reuniones sociales, viajes y encuentros entre el empresario y personas del entorno familiar de la entonces presidenta del INE.

El 2 de noviembre se difundió una nueva grabación en la que Hernández Casillas aparece frente a Taddei revisando cifras y hablando de cantidades millonarias relacionadas con contratos de credenciales para votar.

En uno de los fragmentos se le escucha decir: «Yo llevo uno 300 y tú dos millones».

El video requiere investigación para establecer a quién se refería el empresario, qué significaban los montos y si existió algún beneficio económico indebido. La presencia de Taddei en la conversación no demuestra por sí sola que hubiera recibido dinero.

Pero sí coloca una pregunta inevitable sobre la mesa: ¿qué relación mantenía la máxima autoridad del organismo electoral con un empresario cuyas compañías obtenían contratos millonarios de instituciones electorales?

EL DESENLACE: CUANDO EL PODER DEJÓ DE PROTEGERLA

El 25 de octubre de 2026, después de una semana de revelaciones, Guadalupe Taddei anunció su renuncia a la presidencia del INE. La formalizó al día siguiente.

La Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio sobre las contrataciones y posibles conflictos de interés. El 27 de octubre, Blanca Yassahara Cruz García fue designada presidenta provisional del organismo.

El cambio político también fue significativo.

Durante los primeros cuestionamientos, Morena y sus aliados defendieron a Taddei en el Consejo General del INE. Sin embargo, cuando el escándalo escaló, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como acertada su decisión de separarse del cargo y exigió auditorías para esclarecer las presuntas irregularidades.

El 3 de noviembre, Blanca Cruz informó que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen los posibles delitos cometidos durante la gestión anterior y se deslinden responsabilidades entre funcionarios y particulares.

La investigación no se limitaría a Taddei, sino que podría alcanzar a cualquier persona involucrada.

La palabra traición puede utilizarse para describir el repliegue político de quienes antes respaldaron a la expresidenta del INE. Pero no hay elementos suficientes para afirmar que Morena organizó su caída o que existió un pacto previo que después se rompió.

Lo que sí existe es una cronología que merece ser investigada.

Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE mediante un procedimiento cuestionado por la composición política de la quinteta de aspirantes. Durante su gestión, su voto contribuyó a consolidar una distribución legislativa que otorgó a Morena y sus aliados una mayoría constitucional.

Posteriormente, encabezó la autoridad electoral que organizó una elección judicial con un modelo inédito de escrutinio, en el que los funcionarios de casilla dejaron de contar los votos por candidatura en el lugar de la votación.

En materia de fiscalización, el Tribunal Electoral no encontró pruebas suficientes para acreditar que el crimen organizado hubiera determinado la elección presidencial de 2024. Más tarde, el Consejo General del INE desechó una queja sobre presunto financiamiento ilícito de Morena y, en una votación separada, retiró la vista a la FGR con el voto favorable de Taddei.

Finalmente, su administración quedó bajo sospecha por las relaciones con proveedores y las contrataciones millonarias.

La pregunta central ya no es únicamente qué hizo Guadalupe Taddei durante su presidencia.

La pregunta es si el poder político que terminó beneficiándose de las decisiones del árbitro electoral tuvo alguna relación con las redes de intereses económicos que crecieron alrededor de ese mismo organismo.

Porque una democracia no solamente necesita elecciones. Necesita autoridades capaces de demostrar que sus decisiones no tienen dueño, que sus contratos no tienen favoritos y que la ley se aplica incluso cuando los señalados pertenecen al círculo del poder.

Y esa es precisamente la deuda que deja el caso Guadalupe Taddei.