UIF BLOQUEA CUENTAS DE 40 PERSONAS Y EMPRESAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DEL INE

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.— La investigación sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) escaló al ámbito financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, bloqueó las cuentas de 40 personas y empresas relacionadas con proveedores electorales.

La medida fue anunciada el miércoles 4 de noviembre, luego de que los análisis financieros realizados por la dependencia identificaran operaciones con elementos de riesgo que ameritan la intervención de las autoridades competentes.

De acuerdo con el comunicado oficial, los bloqueos comprenden a 25 personas físicas y 15 personas morales, cuyos nombres no fueron revelados públicamente.

Además, la UIF presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se investiguen las operaciones detectadas y se determinen las posibles responsabilidades penales.

La dependencia precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa preventiva y precautoria, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas involucradas y los representantes legales de las empresas conservan sus mecanismos de defensa y garantía de audiencia.

EL ESCÁNDALO QUE ALCANZA AL INE

La intervención de la UIF ocurre después de una serie de investigaciones periodísticas que documentaron presuntas irregularidades en contratos millonarios adjudicados durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del organismo electoral el pasado 26 de octubre.

Entre los señalamientos difundidos se encuentran posibles conflictos de interés, adjudicaciones directas, presunta simulación de competencia entre proveedores y operaciones financieras que requieren ser esclarecidas.

Uno de los casos que adquirió relevancia involucra al empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con compañías proveedoras de materiales y servicios electorales, así como con grabaciones difundidas por Latinus en las que aparece junto a Taddei.

Las publicaciones periodísticas también han señalado a funcionarios que ocuparon cargos administrativos estratégicos durante esa gestión.

ASF AMPLÍA LA REVISIÓN A 25 AÑOS DE CONTRATACIONES

A la investigación financiera se suma la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que anunció una revisión histórica de las contrataciones del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el INE y los organismos públicos locales electorales (OPLE).

La fiscalización comprenderá el periodo de 2000 a 2025, con el propósito de identificar posibles irregularidades en adquisiciones, servicios y ejercicio de recursos públicos.

La ASF informó que sus trabajos de inteligencia han detectado anomalías históricas en el manejo del gasto electoral y que continuará con una auditoría integral a las instituciones involucradas.

Con estas acciones, el caso deja de limitarse a los cuestionamientos políticos y administrativos sobre la gestión anterior del INE y entra también en el terreno de las investigaciones financieras y ministeriales.

La FGR deberá determinar si las operaciones identificadas constituyen delitos y si existen responsabilidades de particulares o servidores públicos.