ASF OBTIENE INFORMACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL INE A CAMBIO DE REDUCIRLES SANCIONES POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

La investigación sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) suma nuevos elementos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que funcionarios relacionados con el organismo están proporcionando información sobre una posible red de corrupción a cambio de acceder a sanciones reducidas.

De acuerdo con información publicada por Aristegui Noticias, la ASF activó por primera vez un mecanismo de colaboración que permite obtener datos de personas que presuntamente conocen cómo operaron las irregularidades en los procesos de contratación pública de organismos electorales durante varios años.

Entre los materiales entregados a los investigadores se encuentran testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, conversaciones de WhatsApp y nombres de personas que presuntamente participaron en el esquema, incluidos algunos identificados mediante alias.

Uno de los aspectos bajo investigación es la posible intervención de beneficiarios finales de empresas proveedoras en la selección de contratos y en la elaboración de requisitos técnicos diseñados para favorecer sus propios intereses.

El mecanismo forma parte del Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, previsto en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Su propósito es incentivar que personas con conocimiento directo de las irregularidades aporten pruebas para esclarecer los hechos y permitan avanzar en las investigaciones.

La ASF identificó indicios de que los beneficiarios finales de distintas empresas habrían intervenido directamente en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos de las convocatorias, presuntamente diseñados para favorecer a determinadas compañías.

La investigación también contempla las contrataciones realizadas por los organismos electorales locales (OPLE). Como parte de las indagatorias, la Auditoría ha comenzado a reconstruir las relaciones entre funcionarios, empresarios y compañías proveedoras. En un mapa presentado previamente identificó 89 vínculos entre 83 personas y siete empresas.

El expediente también alcanza a exfuncionarios

En el contexto de estas investigaciones, Claudia Arlett Espino, exsecretaria ejecutiva del INE, presentó su renuncia irrevocable a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua el pasado 4 de noviembre, después de que se difundieran señalamientos periodísticos relacionados con las contrataciones electorales.

Durante su gestión al frente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en 2021, se adjudicó un contrato por aproximadamente 33.9 millones de pesos a la empresa Cajas Graf. La firma posteriormente quedó relacionada con las investigaciones sobre proveedores del INE y sus vínculos con funcionarios electorales.

La ASF adelantó que continuará recopilando información, identificando a posibles involucrados y rastreando el destino de los recursos públicos para determinar las responsabilidades correspondientes.

Hasta ahora, se trata de investigaciones en curso y de indicios que deberán ser corroborados por las autoridades. La entrega de información mediante el programa de colaboración tampoco constituye, por sí misma, una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas señaladas.estimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, conversaciones de WhatsApp y nombres de personas que presuntamente participaron en el esquema, incluidos algunos identificados mediante alias.

Uno de los aspectos bajo investigación es la posible intervención de beneficiarios finales de empresas proveedoras en la selección de contratos y en la elaboración de requisitos técnicos diseñados para favorecer sus propios intereses.