La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongeló dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, quien gobernó Sinaloa y se encuentra separado del cargo mediante una licencia indefinida, luego de que un tribunal federal ordenara permitirle el acceso a los recursos correspondientes a tres pensiones.
De acuerdo con una investigación del periodista Arturo Ángel, publicada en Milenio, el desbloqueo se concretó el pasado 5 de noviembre mediante el acuerdo UIF 110/K/6246/2026, en cumplimiento de una medida cautelar concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Las cuentas permanecían congeladas desde mayo, después de que autoridades estadounidenses formularan acusaciones contra Rocha Moya por presuntos vínculos con operaciones de narcotráfico relacionadas con la organización criminal conocida como Los Chapitos.
La primera cuenta liberada recibe dos pensiones: una por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otra por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La segunda corresponde a una jubilación otorgada por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución en la que Rocha Moya desarrolló parte de su trayectoria académica.
EL DESBLOQUEO NO LO EXONERA DE LAS ACUSACIONES
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación penal contra Rocha Moya y otros políticos y exfuncionarios sinaloenses por presuntas operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Tras conocerse los señalamientos, el entonces gobernador solicitó licencia y posteriormente fue incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
Su defensa promovió diversos recursos legales hasta conseguir una suspensión judicial que permitió liberar exclusivamente las cuentas utilizadas para recibir sus pensiones.
Sin embargo, el procedimiento de fondo continúa abierto y otros instrumentos financieros del exmandatario permanecen congelados.
La medida tampoco modifica las acusaciones penales formuladas por las autoridades estadounidenses, que mantienen vigentes los señalamientos contra Rocha Moya.
El caso continúa tanto en el ámbito judicial estadounidense como en las investigaciones financieras y penales desarrolladas en México.