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- El gobierno intensifica la ofensiva contra el CJNG, pero enfrenta una estructura criminal consolidada
La ofensiva del Estado mexicano contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha entrado en una nueva fase de intensidad. En las últimas semanas, las fuerzas armadas y la Guardia Nacional han desplegado operativos simultáneos en los estados de Jalisco y Michoacán, zonas con fuerte presencia del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Sin embargo, los enfrentamientos recientes y la respuesta violenta del cártel demuestran que se trata de una organización con amplia capacidad de reacción y un nivel operativo que sigue desafiando al aparato de seguridad del Estado.
El 16 de marzo, una serie de enfrentamientos en el municipio de Tanhuato dejó múltiples bajas en ambos bandos. Días después, se registraron ataques armados contra fuerzas federales en Casimiro Castillo, Jalisco, seguidos de bloqueos carreteros, vehículos incendiados y la colocación de narcomantas con amenazas. Estas acciones reflejan una estrategia de disuasión por parte del CJNG, que busca enviar el mensaje de que sigue operando con fuerza en su territorio.
La presión internacional ha incrementado la urgencia del gobierno federal por avanzar en la desarticulación de esta estructura criminal. Desde el extranjero, se ha reiterado la prioridad de capturar a “El Mencho”, quien figura en las listas internacionales como uno de los narcotraficantes más buscados. En respuesta, las autoridades mexicanas han redoblado la cooperación bilateral en materia de inteligencia y extradición, mientras continúan con los operativos de campo.
Uno de los factores que complica la erradicación del CJNG es su amplia red territorial: tiene presencia confirmada en más de 20 entidades del país. Además, se estima que dispone de armamento militar, sistemas de comunicación encriptados y mecanismos de financiamiento diversificados que incluyen extorsión, trata de personas, minería ilegal y tráfico de armas.
La infiltración institucional también representa un riesgo persistente. En distintos municipios, exagentes de policía han sido detenidos por colaborar con el grupo criminal en labores de vigilancia, reclutamiento forzado y ejecución de enemigos. Casos como el del municipio de Tala, en Jalisco, revelan la fragilidad de las estructuras locales frente al poder corruptor del crimen organizado.
Particularmente alarmante ha sido el descubrimiento del rancho en Teuchitlán, donde se presume operaba un centro clandestino de adiestramiento y exterminio. Restos humanos calcinados, indicios de tortura y materiales de propaganda criminal evidencian la sofisticación de las operaciones del CJNG y su intención de controlar territorios mediante el terror.
Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado de forma reiterada que no habrá tregua frente al crimen organizado. No obstante, los datos de opinión pública muestran que la inseguridad continúa siendo la principal preocupación de la ciudadanía, por encima de otros temas como salud o economía. Esto sugiere que, aunque hay avances en inteligencia y despliegue operativo, la percepción ciudadana exige resultados más contundentes.
La lucha contra el CJNG se perfila como una de las batallas más complejas del sexenio. Más allá de los operativos militares, será necesario reforzar las capacidades institucionales, blindar a las autoridades locales contra la corrupción y consolidar una estrategia integral que combine seguridad, justicia, prevención social y cooperación internacional.
