El legislador, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, visitó una de las plantas de reciclaje más grandes del país —ubicada en el municipio de Querétaro—, donde sostuvo una reunión con la presidencia de la Asociación Nacional del Reciclado y la Industria del Medio Ambiente A.C., organismo que agrupa a más de 3,000 empresas en todo México. Según datos de la propia asociación, el sector genera una derrama económica superior a los 3,000 millones de dólares anuales a nivel nacional, y en el caso de Querétaro, aporta alrededor de 1,500 millones de pesos cada año.
Astudillo señaló que, bajo la normativa vigente, un transportista que traslada materiales reciclables entre municipios queretanos —por ejemplo, de la capital a San Juan del Río— está obligado a portar placas federales si cruza por un tramo de la Carretera 57, aun sin salir de la entidad. Este requisito, dijo, incrementa los costos operativos y añade cargas administrativas innecesarias para la industria.
“Gestionaremos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la posibilidad de que, en estos casos, se permita la circulación con placas locales, siempre que el traslado no rebase los límites estatales”, indicó.
El diputado adelantó que también revisará, junto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal y el Ayuntamiento de Querétaro, el acuerdo de Cabildo que prohíbe al relleno sanitario de Mompaní recibir residuos de otros municipios que no sean de la capital. Esta restricción —afirmó— complica el funcionamiento de parques industriales en municipios metropolitanos, incluso cuando las empresas se encuentran dentro de Querétaro.
Astudillo insistió en que el objetivo es generar un marco regulatorio que incentive el reciclaje y la economía circular, sin imponer trabas que limiten su potencial de crecimiento:
“Nuestro compromiso es claro: facilitar las condiciones para que el reciclaje y la industria se desarrollen sin barreras administrativas, al tiempo que contribuimos al cuidado del medio ambiente”, concluyó.
El planteamiento se enmarca en la serie de encuentros semanales que el legislador mantiene con representantes del sector empresarial, y coincide con la creciente presión de la industria para armonizar la regulación ambiental con criterios de competitividad y sostenibilidad.