El 19 de agosto de 2025, un vagón del Tren Maya se salió parcialmente de las vías en la estación Izamal, Yucatán, mientras realizaba maniobras a baja velocidad. Aunque no hubo heridos, el incidente generó alarma entre los pasajeros y expuso una falla en el sistema automatizado de cambio de vía. Autoridades lo calificaron como “percance de vía”, pero expertos advierten que se trata de una anomalía grave en el diseño ferroviario.
Este evento se suma a otros dos descarrilamientos previos: uno en Tixkokob (marzo de 2024) y otro en Bacalar (enero de 2025), todos en el Tramo 3, el más transitado por turistas.
El proyecto, anunciado originalmente con un presupuesto de 150 mil millones de pesos, ha escalado a más de 540 mil millones, casi cuatro veces más de lo previsto. A pesar de los recursos invertidos, el Tren Maya ha generado pérdidas operativas por más de 5,800 millones de pesos y depende de subsidios públicos que superan los 40 mil millones anuales. Los ingresos por boletos apenas cubren el 10% de los costos operativos.
Desde su inauguración en diciembre de 2023, se han documentado al menos 45 fallas técnicas, incluyendo retrasos, trenes varados, puertas que no cierran y sistemas manuales operados por personal con capacitación limitada. La empresa Olmeca-Maya-Mexica, dependiente de la Sedena, ha sido señalada por falta de transparencia y ausencia de informes técnicos públicos.
El PAN propone la conformación de una comisión investigadora con expertos independientes, organismos internacionales y sociedad civil. También pide detener los tramos más riesgosos, como el Tramo 3, hasta que se garantice la automatización de los sistemas y la seguridad de los pasajeros.
Además de los problemas operativos, el Tren Maya ha sido criticado por daños ambientales en la selva y cenotes del sureste mexicano. Investigaciones periodísticas han revelado redes de corrupción vinculadas a proveedores de materiales defectuosos y contratos inflados, lo que ha intensificado el escrutinio público.