La tensión política en Brasil se intensifica conforme se acerca el fallo del Supremo Tribunal Federal sobre Jair Bolsonaro, acusado de liderar una conspiración para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023. Desde principios de agosto, Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria en Brasilia, con tobillera electrónica y restricciones en el uso de redes sociales.
La Fiscalía ha pedido reforzar el monitoreo policial en tiempo real, tras denuncias de que el exmandatario habría incumplido medidas cautelares. Según informes, Bolsonaro compartió más de 300 videos por WhatsApp relacionados con manifestaciones de apoyo, lo que podría violar las restricciones impuestas.
Uno de los elementos más polémicos es el hallazgo de un borrador de solicitud de asilo político dirigido al presidente argentino Javier Milei. El documento, encontrado en su teléfono móvil, plantea una supuesta persecución política en Brasil. Aunque la defensa de Bolsonaro insiste en que se trata de un borrador no enviado, el hecho ha encendido las alarmas sobre un posible intento de fuga.
Además, la Policía Federal ha presentado cargos contra Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por coacción al Supremo y tentativa de abolición del Estado democrático. Se les acusa de coordinar acciones con aliados internacionales, incluyendo figuras cercanas al expresidente estadounidense Donald Trump.
El juicio, que comenzó en abril, podría culminar entre el 2 y el 12 de septiembre. De ser declarado culpable, Bolsonaro enfrentaría hasta 40 años de prisión. Mientras tanto, su defensa busca revertir el arresto domiciliario y desacreditar los informes policiales, calificándolos de motivación política.