La medida fue impulsada por el diputado Elifa Gómez Lozano, de Morena, quien presentó la iniciativa bajo la figura de dispensa de trámite, lo que permitió que la propuesta se votara de inmediato en el pleno. Con 26 votos a favor —de Morena, PT y aliados— y seis en contra —del PAN—, el acuerdo fue aprobado y turnado a la Auditoría Superior del Estado (ASE), que ahora tendrá la responsabilidad de examinar los contratos y los montos ejercidos.
De acuerdo con la exposición de motivos, durante el gobierno de Cabeza de Vaca se habrían erogado al menos 46.3 millones de pesos para cubrir honorarios de despachos jurídicos privados que, en los hechos, no defendían al Estado, sino al propio mandatario en procesos legales de carácter personal. Entre las firmas señaladas se encuentran Coello Trejo y Asociados y Accuracy Legal and Consulting, vinculadas respectivamente al abogado penalista Javier Coello Trejo y al exsenador panista Roberto Gil Zuarth.
El planteamiento legislativo advierte que esos pagos habrían constituido un desvío de recursos, pues se destinaron a cubrir litigios relacionados con la figura del gobernador y no con la administración pública estatal. La ASE deberá verificar no solo la legalidad de los contratos y comprobantes fiscales, sino también si los servicios fueron efectivamente prestados.
La reapertura de cuentas se inscribe en un contexto más amplio de denuncias contra la pasada administración. El actual gobierno estatal ya ha presentado más de 70 querellas por presuntos desvíos que superan los 343 millones de pesos, principalmente en la Secretaría de Salud, donde se habrían detectado contratos irregulares y triangulación de recursos.
Cabeza de Vaca, quien actualmente enfrenta procesos judiciales en distintas instancias, ha denunciado que las investigaciones en su contra forman parte de una persecución política orquestada por Morena. El panismo, por su parte, votó en bloque contra la reapertura de cuentas, argumentando que se trata de una maniobra para inhabilitar políticamente al exmandatario y minar cualquier aspiración futura.
La sesión extraordinaria en la que se aprobó el acuerdo reflejó el clima de confrontación que domina la política tamaulipeca. Legisladores de Morena sostuvieron que era indispensable “poner bajo la lupa” el manejo de recursos durante el sexenio anterior, mientras que diputados del PAN acusaron a la mayoría oficialista de usar al Congreso como un instrumento de revancha política.
Aun así, la correlación de fuerzas permitió a Morena y sus aliados avanzar con la revisión de las cuentas. Ahora, la ASE tendrá que rendir un informe detallado sobre los hallazgos, lo que podría derivar en sanciones administrativas, denuncias penales o la inhabilitación de funcionarios involucrados en caso de confirmarse las irregularidades.
La decisión del Congreso de Tamaulipas no solo pone nuevamente en la mira a Francisco García Cabeza de Vaca, sino que abre un nuevo capítulo en la disputa política entre el PAN y Morena en uno de los estados clave del noreste del país. Lo que se descubra en las auditorías podría tener repercusiones tanto en el terreno judicial como en el político, en un momento en que la figura del exgobernador sigue siendo referente dentro del panismo nacional, pero también uno de sus flancos más vulnerables frente al oficialismo.