Del Challenge Procyon al Congreso: la ruta del huachicol fiscal

La detención de 14 personas: tres empresarios, seis marinos (cinco en activo y uno retirado) y cinco exfuncionarios de aduanas tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon con casi 63 mil barriles de diésel declarados falsamente como petroquímico no es solo una operación judicial exitosa: es la confirmación de que en México la corrupción no se oculta en ductos clandestinos, sino que navega en altamar y se legitima en oficinas de gobierno.

La narrativa oficial presume una cruzada inédita contra el huachicol fiscal. Y es cierto: nunca antes se había desmantelado públicamente una red de esta magnitud, con mandos navales y aduaneros involucrados. Pero conviene recordarlo: este mecanismo lleva años documentado por periodistas, particularmente en las investigaciones de Código Magenta y N+, que advirtieron sobre el “señor de los buques” mucho antes de que el gobierno lo presentara como hallazgo.

El fantasma de Sergio Carmona Angulo, asesinado en 2021 en San Pedro Garza García, sigue presente. Carmona fue el símbolo del financiamiento paralelo, del dinero que lubricaba campañas y engranajes políticos. Su muerte no desmontó la red: solo dispersó sus piezas. Hoy algunas caen empresarios, aduaneros, marinos, pero falta la otra mitad de la ecuación: los beneficiarios políticos.

Ahí los nombres pesan. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado; y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Jucopo, han sido mencionados en denuncias y señalamientos públicos que los colocan cerca de este entramado. Ninguno enfrenta procesos judiciales por estos hechos, y en un Estado de derecho eso basta para sostener la presunción de inocencia. Pero el eco de sus nombres junto a los operadores logísticos revela algo más grave: la persistencia de una política que se hace de la vista gorda mientras se llenan tanques con combustible contrabandeado y se vacían las arcas públicas.

El huachicol fiscal no es una estafa menor: es un espejo de cómo el poder económico y el poder político se retroalimentan en la 4T. De un lado, un gobierno que presume golpes mediáticos; del otro, liderazgos partidistas con acusaciones sin aclarar. Esa contradicción erosiona la legitimidad de cualquier cruzada. No basta con detener a marinos y empresarios: el verdadero desafío es asumir el costo de investigar a quienes han gozado de la protección que da la investidura.

Las detenciones recientes no cierran un ciclo, abren uno nuevo. Y la pregunta incómoda es inevitable: si ya sabemos el nombre del buque y los litros asegurados, ¿cuándo sabremos el nombre y la firma de quienes, desde la política, permitieron que esa gasolina circulara sin impuestos?