La aduanocracia militar

El huachicol fiscal no es el que se ordeña de los ductos: no requiere mangueras ni tomas clandestinas. Se hace con pedimentos falsos, facturas simuladas y complicidad aduanal. Es la ordeña invisible: la que roba al fisco desde un escritorio, disfrazada de comercio exterior. Por esta vía, México ha perdido más de 800 mil millones de pesos entre 2018 y 2024, un boquete mayor que el costo de la refinería de Dos Bocas y superior al presupuesto anual de salud.

La paradoja está servida: en 2020 López Obrador entregó los puertos a la Marina para combatir la corrupción; hoy, el mayor escándalo de corrupción proviene de la propia Marina, y no de sus bases, sino de sus más altos mandos.

El detonante fue el decomiso del buque Challenge Procyan en Tampico. El hallazgo de combustible irregular abrió la puerta a una investigación que terminó exhibiendo una red que cobraba 1.75 millones de pesos por cada barco liberado sin revisión. En el centro estaban los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante respectivamente, sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán. No se trataba de piezas menores, sino de cuadros estratégicos que usaron la disciplina de la institución como cobertura para montar una maquinaria de sobornos y contrabando.

El caso no se entiende sin sangre. En noviembre de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado después de denunciar irregularidades en el manejo de aduanas. Y hoy, en medio del escándalo, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de Protección Portuaria en Altamira e implicado en recibir 100 mil pesos por cada huachi-buque, se suicidó en su oficina. La corrupción en uniforme ya no solo desvía recursos: cobra vidas, elimina a quienes la denuncian y destruye a quienes la encubren.

A esta madeja se suma un dato inquietante: según una investigación de Latinus, el contralmirante Fernando Farías Laguna figura como socio en una empresa vinculada a Alfonso Durazo Jr., hijo del gobernador de Sonora. Si se confirma, la red del huachicol fiscal no solo comprometería a la cadena naval, sino que extendería sus tentáculos al círculo político de la 4T.

El fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que Ojeda había denunciado estas prácticas desde hace dos años. Pero no existe ni una sola letra exhibida de esa denuncia: ni folio, ni acta ministerial, ni documento público. Si existió, la justicia tardó dos años en actuar; si no existió, lo que hoy tenemos es un relato construido para blindar al exsecretario. Ambas versiones son demoledoras: una revela lentitud cómplice, la otra, simulación institucional.

Mientras tanto, la narrativa oficial se acomoda a la coyuntura internacional. El operativo contra los Farías Laguna coincidió con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien vino a firmar con la presidenta Sheinbaum un grupo de alto nivel para combatir drogas, armas, combustible y flujos financieros ilícitos. La sincronía no es casual: México no solo entregó capos, también entregó vicealmirantes. La escena era perfecta para Washington: cooperación bajo presión, soberanía entre comillas.

La conclusión es incómoda pero inevitable: la militarización de puertos no eliminó la corrupción, la refinó. El huachicol fiscal ya no se hace en la penumbra de una toma clandestina, sino en la ventanilla aduanal. No con bidones, sino con pedimentos. No con encapuchados, sino con almirantes.

La justicia mexicana no camina al ritmo de la ley, sino al compás de la política y la diplomacia. Se mueve cuando conviene, se exhibe cuando sirve, se acelera cuando lo dicta la agenda bilateral. El buque detenido en Tampico no es solo una embarcación intervenida: es la metáfora de un país que prometió disciplina y entregó impunidad vestida de uniforme.