Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue condenado este jueves por la Primera Sala de la Corte Suprema a 27 años y tres meses de prisión tras ser hallado culpable de intentar socavar el orden democrático después de su derrota electoral de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.
El fallo ocurrió con una votación de cuatro magistrados a favor y uno en contra. Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala, emitió el voto definitivo señalando que las pruebas demuestran que Bolsonaro y otros siete acusados —entre ellos exministros y antiguos comandantes de las Fuerzas Armadas— planearon una organización criminal estructurada con jerarquía con el propósito de perpetuar a Bolsonaro en el poder, “sea cual fuera el método criminal a ser utilizado”.
Los delitos por los cuales fueron condenados incluyen la abolición del estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado. Tras el veredicto de culpabilidad, los jueces discutirán el monto definitivo de las condenas, las cuales podrían llegar hasta los 43 años de prisión.
El hecho de que un expresidente haya sido condenado por tales delitos marca un hito en la historia política de Brasil. No sólo refleja la madurez del sistema judicial para procesar a exmandatarios, sino también la gravedad de los intentos de subvertir procesos democráticos. Por otro lado, abre un precedente para la rendición de cuentas de quienes ocupan altos cargos de poder, y plantea preguntas profundas sobre las fragilidades institucionales que permiten conspiraciones de este tipo.
Este caso obliga al país a reflexionar en torno a la responsabilidad política y ética de sus líderes, la fortaleza del estado de derecho, y la necesidad de salvaguardas legales y sociales para prevenir que episodios similares vuelvan a suceder. La condena de Bolsonaro será observada de cerca tanto dentro como fuera de Brasil, pues su impacto trasciende la política interna: puede servir de advertencia para otras democracias sobre los peligros que encierra la erosión institucional cuando se promueven narrativas que deslegitiman los procesos electorales y se bendice la acción autoritaria.