La Corte ordena a Presidencia transparentar información sobre mandos y actividades de la Marina: un revés a la opacidad militar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que marca un precedente en materia de acceso a la información y límites a la opacidad castrense: por unanimidad, el Pleno determinó que la Presidencia de la República debe entregar 15 oficios que contienen los nombres y adscripciones de almirantes y vicealmirantes de la Secretaría de Marina (Semar), así como informes de capacitación y adiestramiento en ejercicios multinacionales.

Transparencia frente a la reserva militar

El fallo deriva de un litigio por acceso a la información en el que la Consejería Jurídica del Ejecutivo intentó mantener bajo reserva documentos relativos a los altos mandos de la Marina y su participación en actividades de cooperación internacional. Sin embargo, la Corte fue clara: se trata de información que ya fue pública durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que, por tanto, no puede ser clasificada de manera retroactiva.

Los ministros señalaron que el principio de máxima publicidad obliga a las instituciones federales a garantizar el acceso ciudadano a documentos que son relevantes para la rendición de cuentas y para entender el rol de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país.

Un precedente jurídico y político

La decisión no solo obliga a la Presidencia a entregar los oficios solicitados, también dejó fuera de la votación a la ministra María Estela Ríos González, quien fue declarada impedida por su papel como exconsejera jurídica de la Presidencia, la misma oficina que promovió el recurso para evitar la entrega de la información. Se trata de la primera vez que la Corte aplica esta medida en un caso de seguridad nacional, subrayando la importancia de evitar conflictos de interés.

Con este fallo, la SCJN envía un mensaje claro: el blindaje absoluto de las Fuerzas Armadas frente al escrutinio público no tiene cabida en un régimen democrático.

Contexto de militarización

La resolución ocurre en un momento clave: la Marina y la Defensa Nacional han ampliado su presencia en áreas civiles, desde la seguridad pública hasta la administración portuaria y aduanera. Diversas organizaciones civiles habían denunciado que esta expansión se acompañaba de una creciente opacidad, con negativas sistemáticas a solicitudes de información bajo el argumento de “seguridad nacional”.

La Corte, al ordenar la entrega de los documentos, abre la puerta a que la ciudadanía conozca no solo quiénes integran la cúpula naval, sino también cómo se entrena y coopera internacionalmente el personal de la Marina.

Implicaciones hacia adelante

Este fallo podría convertirse en un referente para futuros litigios relacionados con la Defensa Nacional, donde la información suele reservarse incluso en casos de violaciones a derechos humanos o despliegues militares en territorio nacional. La decisión fortalece al INAI como garante del acceso a la información y limita la posibilidad de que la Presidencia utilice la seguridad nacional como un argumento genérico para ocultar documentos.

En términos políticos, la resolución coloca al actual gobierno frente a una disyuntiva: cumplir con la transparencia ordenada por la Corte o buscar nuevos mecanismos legales para restringir la información, con el costo de credibilidad que ello implica.

La discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública mexicana ya no es solo de legitimidad política, sino también de control democrático y acceso ciudadano a la información.