La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un Plan Nacional de Salud Mental para Jóvenes, como respuesta directa a los hechos de violencia registrados en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, donde la agresión con arma blanca contra estudiantes generó alarma en la comunidad académica y en la opinión pública. El objetivo, según explicó, es atender de manera preventiva la salud mental en comunidades escolares y evitar que se repitan episodios de este tipo.
La mandataria señaló que la salud mental debe ser considerada no solo como un derecho humano, sino como un tema prioritario de seguridad y bienestar social. “No podemos esperar a que ocurran tragedias para actuar. El país necesita un enfoque integral que acompañe a los jóvenes, escuche sus preocupaciones y les dé herramientas para enfrentar la vida en comunidad”, afirmó durante su conferencia matutina.
El plan será implementado en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, y se articulará con las Jornadas por la Paz y contra las Adicciones que actualmente operan en todo el país. Incluirá brigadas de atención psicológica, capacitación para docentes y tutores, creación de protocolos de detección temprana de crisis emocionales y espacios seguros de diálogo y acompañamiento dentro de escuelas de nivel medio superior y superior.
El programa contempla la contratación de profesionales de la salud mental, la apertura de líneas de atención directa y la integración de módulos en centros comunitarios, donde los jóvenes puedan acceder a terapias individuales o grupales de manera gratuita. También se prevé el uso de plataformas digitales para facilitar la orientación psicológica a distancia, en particular en zonas rurales donde el acceso a especialistas suele ser limitado.
La iniciativa surge tras el ataque en el CCH Sur, que dejó a una estudiante gravemente herida y a la comunidad universitaria con demandas de mayor seguridad y acompañamiento institucional. Para Sheinbaum, este caso visibilizó la urgencia de atender no solo la violencia en los planteles, sino las condiciones emocionales que la generan. “No es un asunto aislado, es el reflejo de una problemática nacional que debemos enfrentar con seriedad”, afirmó.
En los días posteriores a la agresión, la UNAM reforzó medidas de seguridad y anunció un plan propio de prevención. Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles coincidieron en que se requiere una política de Estado más amplia, con recursos y coordinación interinstitucional, para enfrentar la creciente prevalencia de trastornos emocionales entre adolescentes y jóvenes.
Diversos estudios han documentado el deterioro del bienestar emocional en la población joven mexicana. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Psiquiatría, más del 30% de los adolescentes presentan síntomas de depresión o ansiedad, mientras que el suicidio es la tercera causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años. La pandemia de COVID-19 acentuó este panorama, con un aumento de diagnósticos relacionados con estrés postraumático, conductas autolesivas y consumo problemático de sustancias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el 75% de los trastornos mentales comienzan antes de los 25 años, por lo que la detección temprana y la atención preventiva son claves. Sin embargo, en México persiste un déficit de especialistas: se calcula que hay menos de 4 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio recomendado a nivel internacional.
El anuncio presidencial fue recibido con expectativa entre colectivos estudiantiles y asociaciones de salud, aunque también con cautela. Expertos como la psicóloga social Mariana García subrayaron que la efectividad del programa dependerá de su capacidad para garantizar recursos permanentes y no convertirse en una acción meramente reactiva. “El reto es que la salud mental deje de ser un tema secundario en el presupuesto y pase a ser una prioridad de Estado”, advirtió.
La oposición en el Congreso señaló que, aunque la estrategia es necesaria, no debe servir únicamente como respuesta mediática a una crisis puntual. Legisladores demandaron claridad en los mecanismos de financiamiento y en la cobertura nacional, recordando que la mayor parte de los planteles educativos carecen de infraestructura adecuada para brindar atención psicológica continua.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos hicieron hincapié en la importancia de que el plan tenga un enfoque de género, dado que las adolescentes y mujeres jóvenes enfrentan riesgos diferenciados de violencia sexual y emocional que impactan directamente en su salud mental.
El Plan Nacional de Salud Mental para Jóvenes será presentado formalmente en las próximas semanas, con un calendario de implementación gradual. El Gobierno federal aseguró que el programa contará con un presupuesto inicial asignado para 2026, aunque no precisó el monto. La Secretaría de Salud será la encargada de coordinarlo, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, la Guardia Nacional y los sistemas estatales de protección juvenil.
El anuncio marca un punto de inflexión en la política social del gobierno de Sheinbaum: pasar de la reacción ante crisis específicas a la construcción de un marco institucional que reconozca la salud mental como parte esencial de la seguridad y el desarrollo nacional. El desafío, como apuntan especialistas, será garantizar que el plan no quede en buenas intenciones, sino que logre transformar las condiciones de vida y bienestar de millones de jóvenes mexicanos.