Monreal frena el “fast track” y promete revisión cuidadosa de la reforma a la Ley de Amparo

La Cámara de Diputados entra en una etapa crucial de debate con la reforma a la Ley de Amparo, una iniciativa que ha generado intensas discusiones dentro y fuera del Congreso. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, salió al paso de las críticas y advirtió que no habrá un procedimiento exprés: la propuesta será analizada a detalle y con apego a los principios constitucionales, en particular a lo dispuesto por el artículo 14 de la Carta Magna.

La polémica se centra en un artículo transitorio que abre la puerta a que las modificaciones se apliquen de manera retroactiva en juicios de amparo ya en curso. Este punto, según Monreal, representa un riesgo jurídico evidente, pues contravendría directamente la prohibición constitucional de aplicar la ley de forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. El legislador morenista, con experiencia tanto en el Senado como en el debate constitucional, subrayó que la única salida legítima es que los procesos iniciados se resuelvan conforme a la legislación vigente al momento de su apertura.

El mensaje de Monreal busca enviar una señal de cautela en un contexto de alta polarización política. La reforma a la Ley de Amparo forma parte de un paquete más amplio de cambios legales que el oficialismo impulsa con la narrativa de “limitar los abusos del Poder Judicial” y cerrar lo que llaman “puertas giratorias” utilizadas por grupos de poder económico o político para frenar proyectos gubernamentales. Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad civil, la academia y la oposición, esta reforma encierra el riesgo de debilitar uno de los instrumentos más importantes para la defensa de los derechos humanos frente al poder del Estado.

En este punto radica el verdadero dilema: el amparo, nacido en México en el siglo XIX y perfeccionado como un mecanismo de protección individual frente a actos arbitrarios de autoridad, se ha convertido en la columna vertebral del sistema de justicia constitucional. Modificar su alcance sin la debida reflexión podría vulnerar la seguridad jurídica de millones de ciudadanos. La sola idea de que las nuevas reglas se apliquen de forma retroactiva encendió las alarmas, pues equivaldría a desconocer derechos ya adquiridos por quienes interpusieron recursos confiando en la vigencia de la ley.

Al enfatizar que no habrá “fast track”, Monreal también marca distancia con la imagen de un Congreso subordinado a la voluntad del Ejecutivo. En los últimos meses, el oficialismo ha sido señalado por aprobar reformas de gran calado en plazos reducidos, sin deliberación pública suficiente. La promesa de un análisis cuidadoso puede interpretarse como un intento de blindar a la Cámara frente a futuras impugnaciones y, al mismo tiempo, preservar la legitimidad política de la mayoría legislativa.

Lo que está en juego, más allá del destino de esta minuta, es la relación entre los poderes de la Unión y el equilibrio constitucional en México. La reforma a la Ley de Amparo no solo impactará la vida de los litigantes y los jueces, sino que redefinirá el margen de acción del ciudadano frente al Estado. En esa tensión se ubica la advertencia de Monreal: legislar con prisa, en este caso, sería abrir la puerta a un vacío legal y político de consecuencias imprevisibles.

La discusión en la Comisión de Justicia marcará el primer filtro de este debate, pero el trasfondo ya está sobre la mesa: ¿hasta dónde puede avanzar la mayoría parlamentaria en la reconfiguración de los contrapesos institucionales sin romper el pacto constitucional que sostiene al país?