Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo; oposición denuncia retroactividad encubierta

Después de más de catorce horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la controvertida reforma a la Ley de Amparo, que incorpora modificaciones procesales sensibles para el acceso a la protección constitucional. La bancada mayoritaria logró avalar la iniciativa con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones.

La aprobación ocurrió en la madrugada del miércoles, pese a las críticas vertidas por legisladores de oposición que acusan al oficialismo de insertar de último momento una cláusula que actúa como “retroactividad disfrazada” y que vulnera garantías constitucionales fundamentales.

La controversia del transitorio modificado

El punto neurálgico del debate ha sido el artículo tercero transitorio, que fue objeto de una reserva presentada por el diputado morenista Hugo Eric Flores. En el texto aprobado, se establece:

“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto … se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos …”

Flores defendió su propuesta aduciendo que no se trata de retroactividad porque los actos consumados seguirán bajo la norma antigua, mientras que las etapas futuras de procesos existentes ya se regirán bajo la nueva regulación. En su discurso, calificó de “falso debate” las acusaciones de violación constitucional, al sostener que es norma procesal pura y que no alterará derechos ya consolidados.

Sin embargo, la oposición —y un segmento de la comunidad jurídica— interpreta esta fórmula como una estrategia técnica para lograr efectos similares a la retroactividad, al aplicar disposiciones nuevas a procesos ya en curso.

Críticas parlamentarias: “engaño” y riesgo a la seguridad jurídica

Desde el PAN, el diputado Federico Döring denunció la reforma como un “transitorio de Porfirio Díaz y Claudia Sheinbaum” y advirtió que se trata de un “cheque en blanco” para sancionar adversarios políticos.

El PRI, por su parte, acusó al bloque oficialista de utilizar “tres trampas” para revivir la retroactividad bajo un lenguaje técnico. El coordinador Rubén Moreira sostuvo que la maniobra pretende engañar al sector jurídico y transformar el amparo en una figura sumisa al Estado.

El diputado Emilio Suárez Licona advirtió que la propuesta, bajo el disfraz de precisión técnica, vulnera el principio constitucional de irretroactividad: “aplicar nuevas reglas a etapas dentro de procesos ya iniciados implica alterar condiciones jurídicas pactadas bajo una norma anterior”.

Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Ignacio Zavala reclamó que la votación en plena madrugada evidencia deliberación dirigida: “no se puede aplicar una ley retroactivamente contra un derecho sustantivo, como lo es el amparo”.

Cambio cosmético, semejanza sustancial

Aunque la reforma incluye otras dos reservas aprobadas —una que sustituye “interés público” por “disposiciones de orden público” en el artículo 128, y otra que ajusta la fracción XVI del artículo 129 para negar suspensión cuando se trate de permisos federales sin autorización— muchos observadores consideran que esas modificaciones resultan cosméticas.

El planteamiento central de la oposición es que el nuevo texto, en su efecto práctico, dificulta el uso del amparo como escudo frente a actos arbitrarios, al condicionar su aplicación en procedimientos iniciados y limitar su alcance futuro.

El papel de la presidencia y el respaldo jurídico

La tensión generada por este caso obligó al Ejecutivo y a la Consejería Jurídica a pronunciarse públicamente sobre el peligro de que la norma contraviniera los estándares constitucionales. El exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, también intervino para defender que la reforma no avala actos que contravengan la Constitución, y para exhortar a una redacción más clara.

Uno de los factores de legitimidad que el oficialismo invoca es que la reforma busca combatir el uso sistemático del amparo para dilatar resoluciones fiscales y liberar recursos públicos retenidos en juicios por grandes contribuyentes. En ese sentido, la modificación procesal es presentada como parte de la necesidad estatal de recuperar temas de recaudación y orden administrativo.

Perspectivas y retos jurídicos

Con la aprobación en San Lázaro, el dictamen regresa al Senado para suvalidación final. En esa cámara, podría estallar de nuevo la polémica en torno al transitorio y las reservas. Observadores apuntan que el punto clave será el escrutinio del constitucionalismo: evaluaciones del Poder Judicial, litigios ante la Suprema Corte y acciones de amparo estratégicas en caso de que el texto entre en vigor tal cual fue aprobado.

Además, el escenario abre interrogantes sobre el papel del amparo como tutela de última instancia frente a actos de autoridad: si la nueva norma logra consolidarse, un segmento relevante del derecho de defensa podría quedar restringido, especialmente para ciudadanos, colectivos o empresas vulnerables frente al aparato estatal.