El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ingresó este martes a la prisión de La Santé, en el sur de París, para cumplir una condena de cinco años de cárcel —dos de ellos firmes— por corrupción y tráfico de influencias, tras ser hallado culpable de haber intentado obtener información judicial de forma ilegal a través de un magistrado.
La sentencia, dictada por un tribunal parisino en septiembre, lo convierte en el primer exmandatario francés de la Quinta República que pisa una cárcel. El fallo establece que Sarkozy, de 70 años, utilizó una línea telefónica secreta con el alias de “Paul Bismuth” para comunicarse con su abogado, Thierry Herzog, y con el juez Gilbert Azibert, a quien presuntamente ofreció apoyo para obtener un puesto en el Consejo de Estado de Mónaco a cambio de información confidencial sobre otro proceso judicial que lo involucraba.
El exmandatario fue trasladado en un convoy oficial desde su residencia en el distrito XVI de París hacia el penal, bajo fuerte dispositivo de seguridad. Decenas de simpatizantes lo despidieron a las puertas de su domicilio, coreando su nombre y mostrando banderas francesas en señal de apoyo.
Al llegar a la prisión, Sarkozy fue ubicado en una celda individual dentro de un módulo especial destinado a exfuncionarios y figuras públicas, con medidas de seguridad reforzadas. Su defensa solicitó que la pena pudiera cumplirse en arresto domiciliario con brazalete electrónico, pero la corte negó la petición argumentando la gravedad de los delitos y la necesidad de garantizar la ejecución de la sentencia.
Antes de su ingreso, el expresidente difundió un mensaje en redes sociales en el que calificó su caso como “una injusticia sin precedentes” y aseguró que continuará luchando “por la verdad y por el honor”. Su equipo legal anunció que presentará una apelación ante la Corte de Casación y, si es necesario, acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El caso conocido como “las escuchas” no es el único proceso judicial que enfrenta Sarkozy. El exmandatario también es investigado por presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007, en la que se acusa la posible recepción de fondos del régimen libio de Muamar Gadafi. Estos antecedentes han intensificado el debate sobre la ética política y la independencia del poder judicial en Francia.
En el plano político, la noticia ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores de la izquierda celebraron el ingreso de Sarkozy a prisión como “una victoria del Estado de Derecho”, líderes conservadores lo consideraron “una humillación innecesaria”. El presidente Emmanuel Macron, que se reunió con Sarkozy días antes, calificó la situación como “un momento difícil para la República”, pero insistió en que “nadie está por encima de la ley”.
La escena del exmandatario ingresando a prisión marca un capítulo inédito para Francia y refuerza un mensaje contundente: incluso los más altos cargos del poder político pueden ser llamados a rendir cuentas. Para muchos, el caso Sarkozy es ya un punto de inflexión en la historia judicial europea.