EU acusa a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Por Redacción

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense, a cambio de apoyo político y sobornos.

La acusación fue desclasificada este miércoles por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con el comunicado oficial, el caso fue anunciado por el fiscal Jay Clayton y por el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, quienes señalaron que los implicados habrían utilizado cargos públicos y posiciones dentro de instituciones de seguridad para proteger operaciones del grupo criminal.

Entre los acusados aparecen el gobernador Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, fiscal adjunto estatal; exmandos policiales estatales y municipales; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.

Según la acusación, los funcionarios habrían conspirado con integrantes del Cártel de Sinaloa para importar a Estados Unidos grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. La Fiscalía estadounidense sostiene que los implicados habrían protegido a líderes criminales de investigaciones, arrestos y procesos judiciales; además, presuntamente entregaron información sensible de seguridad y permitieron que cargamentos de droga fueran resguardados o trasladados con apoyo de corporaciones policiales.

Uno de los señalamientos más graves apunta directamente contra Rocha Moya. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el gobernador habría llegado al poder en 2021 con apoyo de una facción del Cártel de Sinaloa vinculada a Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La acusación sostiene que ese apoyo habría incluido intimidación y secuestro de rivales políticos, a cambio de permitir que dicha facción operara con impunidad en Sinaloa.

La acusación también señala que Rocha Moya habría sostenido reuniones con integrantes de Los Chapitos antes y después de asumir el gobierno estatal, en las que presuntamente prometió protección para sus operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Reuters reportó que la oficina del gobernador dijo no haber sido notificada todavía de las acusaciones y no contar con más información al momento de la publicación.

El caso escala por el perfil de los señalados. No se trata únicamente de mandos policiales o exfuncionarios aislados: la acusación incluye al gobernador en funciones de Sinaloa, a un senador de Morena, al alcalde de Culiacán y a figuras que ocuparon posiciones clave en la estructura de seguridad y procuración de justicia del estado. Para la Fiscalía estadounidense, esa red habría permitido al Cártel operar desde distintos niveles de gobierno y corporaciones policiales.

La acusación contra Juan Valenzuela Millán es todavía más severa. Además de los cargos por narcotráfico y armas, el exmando municipal fue señalado por su presunta participación en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esa persona, quienes habrían sido torturados y asesinados en octubre de 2023. Según el Departamento de Justicia, Valenzuela Millán recibía alrededor de mil 600 dólares mensuales de Los Chapitos a cambio de permitirles acceso a la Policía Municipal de Culiacán.

Todos los acusados enfrentan cargos por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento. En la mayoría de los casos, las penas podrían llegar a cadena perpetua, con mínimos obligatorios de 40 años de prisión. Para Valenzuela Millán, por los cargos adicionales de secuestro con resultado de muerte, la pena obligatoria sería cadena perpetua.

La agencia AP confirmó que, hasta el momento del anuncio, ninguno de los acusados se encontraba bajo custodia de autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia indicó que todos los señalados estarían residiendo actualmente en México.

El fiscal Jay Clayton afirmó que el Cártel de Sinaloa no habría podido operar con tal libertad sin políticos y policías corruptos en su nómina. Por su parte, la DEA sostuvo que la acusación exhibe un esfuerzo deliberado por socavar instituciones públicas y proteger una ruta de drogas hacia Estados Unidos.

Aunque el señalamiento tiene un enorme peso político y judicial, legalmente los cargos siguen siendo acusaciones. El propio Departamento de Justicia subrayó que todos los acusados deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad en tribunales.

El caso abre un nuevo frente de tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, narcotráfico y corrupción política. También golpea de lleno al gobierno de Sinaloa y coloca a Morena frente a una crisis de alto impacto: un gobernador en funciones, un senador y un alcalde de una capital estatal aparecen ahora en una acusación federal estadounidense relacionada con el Cártel de Sinaloa.

La investigación sigue en desarrollo.