Ciudad de México.
La controversia en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló al terreno político nacional luego de que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitara que el mandatario estatal comparezca ante el Senado de la República, tras la acusación presentada en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El llamado surge después de que autoridades del Distrito Sur de Nueva York, en coordinación con la DEA, desclasificaran una acusación formal contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, señalados de presuntamente facilitar operaciones del narcotráfico, particularmente el envío de drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con lo publicado por Excélsior, Tabe sostuvo que la gravedad de los señalamientos amerita una postura clara por parte del gobernador, así como la intervención del Senado para esclarecer los hechos.
El alcalde panista consideró que no se trata de acusaciones menores, sino de señalamientos que podrían comprometer la integridad de las instituciones públicas, por lo que insistió en la necesidad de transparencia.
“El gobernador debe dar la cara y explicar lo que está ocurriendo”, planteó, al subrayar que el caso trasciende lo local y afecta la credibilidad del país en materia de combate al crimen organizado.
La petición ocurre en medio de una investigación federal en Estados Unidos que señala a Rocha Moya y a otros actores políticos y de seguridad de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas, además de presuntamente brindar protección institucional a integrantes del grupo criminal.
Entre los señalamientos más delicados se encuentran:
Asimismo, en el expediente figura el nombre de Juan Valenzuela Millán, exmando policial, quien es señalado por delitos adicionales como secuestro y homicidio de una fuente vinculada a la DEA.
Hasta el momento, no se ha informado de una comparecencia oficial ni de acciones inmediatas por parte del Senado. Tampoco se ha dado a conocer una postura contundente del gobierno federal sobre el caso, lo que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos.
La solicitud de Tabe se suma a un creciente clima de presión política, en el que actores de oposición buscan que el caso sea discutido en el ámbito legislativo, mientras se espera una respuesta formal del propio Rocha Moya.
Más allá del señalamiento individual, el caso abre un debate de fondo sobre la relación entre crimen organizado y estructuras de poder en México, así como sobre la capacidad institucional para responder ante acusaciones provenientes del extranjero.
De confirmarse avances judiciales en Estados Unidos, el escenario podría escalar hacia solicitudes de cooperación internacional, órdenes de aprehensión o incluso procesos de extradición, lo que colocaría al caso en una dimensión diplomática.
Por ahora, las acusaciones continúan en fase judicial en territorio estadounidense, por lo que, conforme al debido proceso, los señalados mantienen la presunción de inocencia.
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