La jueza federal Katherine Polk Failla aseguró que existe una cantidad “abundante” de evidencia contra el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, durante una audiencia celebrada este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Mérida Sánchez es el primero de los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en comparecer ante un tribunal federal. Las autoridades estadounidenses lo señalan por presunta conspiración para traficar drogas, posesión de armamento y colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.
Durante la audiencia, que tuvo una duración aproximada de 20 minutos, la jueza autorizó un plazo de 60 días para que la Fiscalía procese y entregue a la defensa el material probatorio recopilado durante la investigación. También fijó una nueva comparecencia para el próximo 4 de agosto.
De acuerdo con reportes de periodistas presentes en la Corte, Polk Failla destacó la magnitud del caso y señaló que existen numerosos acusados vinculados a la misma investigación. “Hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas”, afirmó la juzgadora al referirse al avance del proceso judicial.
Según la acusación presentada por las autoridades estadounidenses, Mérida Sánchez habría recibido sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales por parte de integrantes de “Los Chapitos” a cambio de proporcionar información sobre operativos de seguridad y facilitar actividades de la organización criminal.
El exfuncionario se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo en Arizona y, días después, se declaró no culpable de todos los cargos formulados en su contra. No obstante, la Fiscalía sostiene que cuenta con pruebas suficientes para sostener las acusaciones ante la Corte.
La investigación también involucra a otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, quienes han sido señalados por autoridades estadounidenses de presuntamente colaborar con estructuras del narcotráfico.
El caso se ha convertido en uno de los expedientes más sensibles en la relación entre México y Estados Unidos, debido al nivel de los funcionarios involucrados y a las implicaciones políticas que podría tener tanto en Sinaloa como a nivel nacional.