Ciudad de México.- La confrontación política y legal derivada de los recientes operativos contra el comercio informal en el Centro Histórico de la Ciudad de México escaló luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señalara públicamente a presuntos involucrados en la agresión contra colaboradores de su administración.
A través de redes sociales y declaraciones públicas, la edil aseguró que existen elementos para identificar a algunas de las personas que participaron en los hechos registrados durante las acciones de reordenamiento del comercio en vía pública impulsadas por su gobierno.
Rojo de la Vega sostuvo que las agresiones no fueron espontáneas y afirmó que su administración continuará colaborando con las autoridades correspondientes para que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades.
La polémica aumentó después de que la diputada local Silvia Sánchez Barrios, integrante de una familia históricamente vinculada al comercio popular en la capital del país, confirmara la identidad de uno de los comerciantes que aparece en imágenes difundidas tras los incidentes.
La legisladora reconoció que la persona señalada forma parte del sector comercial que opera en la zona, aunque rechazó cualquier intento de generalizar responsabilidades hacia organizaciones de comerciantes o grupos específicos sin que exista una investigación formal que lo determine.
El conflicto tiene como antecedente los operativos implementados por la alcaldía Cuauhtémoc para retirar puestos considerados irregulares en diversas calles del Centro Histórico, acciones que han generado tensiones entre autoridades y comerciantes ambulantes.
Mientras la administración encabezada por Rojo de la Vega sostiene que las medidas buscan recuperar espacios públicos y mejorar el orden urbano, representantes del comercio informal han expresado inconformidad por la manera en que se han desarrollado algunos operativos y por las afectaciones económicas que podrían derivarse de ellos.
Tras los hechos violentos, autoridades capitalinas iniciaron investigaciones para determinar la participación de las personas involucradas y establecer posibles responsabilidades administrativas o penales.
El caso ha adquirido relevancia política debido a la confrontación pública entre distintos actores vinculados al comercio popular y a la administración de la alcaldía Cuauhtémoc, una de las demarcaciones más importantes de la capital del país.
En tanto continúan las indagatorias, tanto la alcaldesa como representantes de comerciantes han solicitado que los hechos sean esclarecidos con base en pruebas y conforme a los procedimientos legales correspondientes.