OEA CONVOCA REUNIÓN URGENTE POR NICARAGUA; MÉXICO SE ABSTIENE DE APOYAR LA MEDIDA

La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocará a una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores para analizar posibles acciones ante la situación política de Nicaragua y el proyecto de reforma constitucional impulsado por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La propuesta fue promovida por Estados Unidos y aprobada por el Consejo Permanente de la organización con 29 votos a favor, uno en contra, correspondiente a Brasil, y la abstención de México.

La reunión extraordinaria todavía no tiene una fecha definida.

La decisión ocurre a pocos días de que el Congreso de Nicaragua, controlado por el oficialismo, avance en una reforma constitucional que contempla modificaciones al sistema político y electoral del país.

De acuerdo con la información presentada ante la OEA, la reforma excluiría a determinados sectores opositores de los procesos electorales y establecería un mandato presidencial de siete años con posibilidad de renovación.

Estados Unidos impulsó la convocatoria bajo el argumento de que las condenas diplomáticas realizadas durante los últimos años no han generado cambios sustanciales en Nicaragua y pidió avanzar hacia “acciones reales”.

México decidió no acompañar la propuesta.

El embajador mexicano ante la OEA, Alejandro Encinas, argumentó que la situación nicaragüense no representa actualmente una amenaza para la paz o la estabilidad continental y recordó que Nicaragua dejó oficialmente de pertenecer a la organización en noviembre de 2023.

Encinas advirtió además que una estrategia de mayor presión podría provocar más desestabilización y convertir un problema político y de derechos humanos en un asunto de seguridad.

La representación mexicana sostuvo que existen otros espacios para continuar abordando la situación del país centroamericano.

Brasil fue el único país que votó en contra. Su embajador ante la OEA, Benoni Belli, manifestó preocupación por las posibles consecuencias de eventuales sanciones contra Nicaragua y sostuvo que cualquier medida debe considerar sus efectos sobre la población.

La reunión de cancilleres podría abrir la discusión sobre acciones diplomáticas y económicas. Entre las posibilidades que pueden plantear los países se encuentran la degradación de relaciones diplomáticas o nuevas medidas de presión, aunque hasta el momento no existe una decisión sobre qué acciones concretas serán discutidas.

Nicaragua formalizó su salida de la OEA en noviembre de 2023, después de que el gobierno de Ortega denunciara reiteradamente la actuación del organismo. Por esta razón, una eventual expulsión del país ya no forma parte de las opciones disponibles.

La situación política nicaragüense mantiene la atención internacional desde las protestas de 2018 y su posterior represión. Según Naciones Unidas, alrededor de 350 personas murieron durante aquellos acontecimientos y cientos de miles de nicaragüenses han abandonado el país desde entonces.

En las elecciones de 2021, varios aspirantes opositores fueron encarcelados antes de los comicios. Posteriormente, dirigentes políticos, activistas, periodistas, intelectuales y religiosos fueron desterrados y despojados de su nacionalidad.

La convocatoria de la OEA fue celebrada por organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio, mientras el gobierno de Rosario Murillo y Daniel Ortega volvió a descalificar públicamente a sus adversarios.

La reforma constitucional está prevista para avanzar en septiembre, mientras una docena de organizaciones opositoras ha anunciado un proyecto de transición política que plantea, entre otras medidas, la liberación de opositores y cambios en las instituciones electorales, judiciales, policiales y militares.

La abstención mexicana marca una diferencia con la mayoría de los integrantes de la OEA: México comparte la preocupación por los derechos humanos, pero sostiene que la estrategia de presión planteada por Estados Unidos no es el mecanismo adecuado para abordar la crisis nicaragüense.