¿CARPETAZO AL HUACHICOL FISCAL?

La Fiscalía General de la República parece haber decidido dónde quiere poner el centro del caso del huachicol fiscal: en los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. La tesis oficial sostiene que ambos aprovecharon su posición e influencia para intervenir en nombramientos, ascensos y movimientos de personal dentro de la Administración Nacional de Aduanas de México y de la propia Secretaría de Marina, colocando aliados en puntos estratégicos para facilitar la entrada ilegal de combustibles procedentes de Texas.

El problema es que el expediente que la propia FGR describe rebasa por mucho la conducta de dos personas. La red necesitaba buques, aduanas, funcionarios, mandos navales, empresas legales, compañías fachada, transporte terrestre, almacenamiento, triangulación financiera y complicidades capaces de simular inspecciones y hasta desactivar cámaras de seguridad. La Fiscalía reconoce que el combustible era declarado falsamente como aditivo para modificar su tratamiento fiscal y evitar el pago correspondiente de impuestos.

Eso obliga a formular la pregunta que el gobierno parece querer evitar: ¿de verdad una operación de ese tamaño podía funcionar durante años sin conocimiento, omisión o protección de niveles superiores?

La fiscal Ernestina Godoy defendió expresamente la integridad de la Secretaría de Marina y sostuvo que la responsabilidad debe atribuirse de manera individual. Es correcto no condenar a una institución entera por las conductas de algunos de sus miembros. Pero también sería un error utilizar la defensa institucional como argumento para cerrar la puerta a una investigación más profunda. Si hubo marinos, funcionarios aduanales, empresarios y operadores financieros involucrados, la obligación no es proteger reputaciones, sino seguir la cadena de responsabilidades hasta donde llegue.

La dimensión del caso vuelve insuficiente cualquier explicación reducida a “los primos”. En una bodega atribuida a Manuel Roberto Farías Laguna, la FGR encontró listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos, documentación clasificada de seguridad nacional, armas sin registro y objetos de lujo. El hallazgo no describe una operación marginal: revela acceso, influencia y capacidad de penetración dentro de áreas sensibles del Estado mexicano.

Y aquí está el fondo: el huachicol fiscal no es un escándalo más. Por su escala, duración y afectación al erario, puede perfilarse como el mayor desfalco a las finanzas públicas en la historia reciente de México. Existen estimaciones públicas que ubican en 177 mil millones de pesos la pérdida de recaudación por IEPS e IVA tan sólo en 2024, mientras otras referencias legislativas han señalado que entre 2019 y 2024 el IEPS no recaudado habría acumulado cerca de 555 mil millones de pesos. Para 2025, estimaciones citadas en el debate público calcularon pérdidas equivalentes a unos 16 mil millones de dólares. Son cifras de distinta metodología y no pueden sumarse mecánicamente, pero todas apuntan a la misma conclusión: el impacto fiscal fue gigantesco.

Si esas magnitudes se confirman judicial y fiscalmente, el caso dejaría muy atrás otros escándalos recientes de corrupción. Ya en el Senado se ha descrito al huachicol fiscal como posiblemente “el atraco más grande en la historia del México moderno”, una afirmación que, aunque política, refleja la escala que se atribuye al fenómeno.

Además, la red no habría estado limitada a puertos marítimos. La FGR ha sostenido que también alcanzó la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que involucró a exintegrantes de la Marina, empleados aduanales, empresas de transporte y otros operadores.

Por eso, la discusión ya no puede reducirse a si los Farías son culpables o inocentes. Eso lo tendrán que resolver los tribunales. La discusión política y pública es si el Estado mexicano está dispuesto a investigar cómo pudo construirse una estructura de contrabando de combustibles de semejante tamaño dentro de áreas estratégicas controladas por el propio gobierno.

También permanece abierta la interrogante sobre el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, tío político de los Farías. La versión oficial sostiene que fue él quien alertó sobre irregularidades, pero el hecho de que la red se desarrollara bajo una estructura institucional que encabezaba vuelve inevitable preguntar qué sabía, cuándo lo supo y qué acciones tomó. Distintos reportes han señalado además que su comparecencia sigue siendo un punto de controversia dentro del caso.

La FGR puede defender a la Marina como institución. Lo que no puede hacer, si quiere conservar credibilidad, es permitir que esa defensa se convierta en un muro para evitar llegar a mandos superiores, funcionarios, empresarios o actores políticos.

Porque si el huachicol fiscal fue realmente una operación capaz de desviar cientos de miles de millones de pesos del erario, entonces no estamos ante un caso de corrupción ordinaria. Estamos ante una estructura que, por su tamaño, sofisticación y penetración institucional, pudo convertirse en uno de los peores saqueos a las finanzas públicas que haya conocido México.

Y si después de todo eso la investigación termina solamente en los hermanos Farías, la pregunta dejará de ser quién organizó la red.

La pregunta será si estamos frente al esclarecimiento del mayor fraude fiscal de nuestra historia reciente o frente a un carpetazo cuidadosamente administrado.