Ciudad de México, 8 de septiembre de 2026.– La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con nacionalidad mexicana.
El dictamen fue avalado con 26 votos a favor y cinco en contra. Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo respaldaron la modificación constitucional, mientras PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Los legisladores del PAN abandonaron la sesión antes de la votación, al acusar que la propuesta fue procesada con prisa y podría afectar derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.
La reforma plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. De aprobarse en el Pleno y posteriormente en el Senado y congresos locales, quienes tengan una segunda nacionalidad tendrían que renunciar efectivamente a ella antes de solicitar su registro como candidatos a alguno de esos cargos ejecutivos.
Desde Morena, la defensa del proyecto se centró en el argumento de que gobernar implica una lealtad exclusiva al Estado mexicano. La diputada Katia Alejandra Castillo sostuvo que la medida no busca excluir a los mexicanos binacionales, sino garantizar que quienes encabecen un Poder Ejecutivo no tengan vínculos jurídicos simultáneos con otro país.
La oposición cuestionó esa lógica. Diputados del PAN advirtieron que la reforma podría afectar derechos políticos conquistados por millones de mexicanos residentes en el extranjero, mientras Movimiento Ciudadano sostuvo que tener dos pasaportes no implica menor compromiso con México. La diputada Iraís Reyes afirmó que la reforma pretende resolver un problema que, a juicio de su bancada, no ha sido demostrado.
Por el PRI, César Domínguez también cuestionó que el oficialismo no haya documentado casos concretos que justifiquen la modificación constitucional y advirtió sobre el uso político del concepto de “doble lealtad”.
El debate toca un asunto especialmente sensible para la comunidad migrante. Los opositores estiman que más de cuatro millones de mexicanos con doble nacionalidad podrían quedar sujetos a nuevas restricciones para competir por los principales cargos ejecutivos del país.
El dictamen todavía no es una reforma vigente. Está previsto que sea llevado al Pleno de la Cámara de Diputados durante la tercera semana de septiembre, después de las fiestas patrias. Para modificar la Constitución necesitará mayoría calificada en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales.
La discusión anticipa una nueva confrontación entre la mayoría oficialista y la oposición: mientras Morena y sus aliados presentan la nacionalidad única como una garantía de lealtad institucional, sus críticos la consideran una restricción regresiva que podría cerrar espacios políticos a millones de mexicanos binacionales.