FGR ASEGURA TENER PRUEBAS “CONTUNDENTES” CONTRA ERNESTO RUFFO; EXGOBERNADOR SOSTIENE QUE ÉL DETECTÓ LAS IRREGULARIDADES

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República aseguró que cuenta con elementos suficientes para sostener la acusación penal contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles mediante ferrotanques. La dependencia sostiene que su expediente incluye dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis financieros, y considera relevante que Ruffo fuera accionista y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, empresa ubicada por los investigadores dentro de la estructura investigada. Para la FGR, esa posición habría permitido al exmandatario participar en tareas de conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas; además, la autoridad ha señalado movimientos millonarios en cuentas de la compañía que considera inconsistentes con su perfil fiscal. Ruffo se encuentra vinculado a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando e hidrocarburos y actualmente continúa el procedimiento desde su domicilio en Ensenada, luego de que una jueza sustituyera la prisión preventiva en el Altiplano por arresto domiciliario debido a su edad y condiciones personales.

Uno de los puntos centrales del caso es el conocimiento que Ruffo tenía sobre diferencias entre los volúmenes declarados ante las autoridades y la capacidad física de los vehículos utilizados para transportar combustible. En entrevista con Aristegui en Vivo, el exgobernador reconoció que comenzó a detectar anomalías desde 2024, cuando advirtió que ciertos pedimentos registraban alrededor de 10 mil litros mientras los camiones y ferrotanques podían transportar cantidades considerablemente mayores. La Fiscalía retomó esas propias declaraciones para reforzar su señalamiento de que Ruffo conocía inconsistencias dentro de las operaciones vinculadas con Ingemar; sin embargo, la defensa interpreta exactamente el mismo dato en sentido contrario: sostiene que el hecho de que Ruffo cuestionara esas diferencias demuestra que no formaba parte conscientemente de un esquema ilegal, sino que comenzó a sospechar de operaciones que, según su versión, eran realizadas por terceros responsables de los trámites aduaneros y comerciales.

Ruffo ha afirmado que no intervenía en las operaciones cotidianas de la compañía y que, después de detectar esas inconsistencias, intentó desprenderse de su participación accionaria. Esa explicación coloca una de las preguntas más importantes del expediente en el terreno judicial: qué sabía realmente el exgobernador, cuándo lo supo y qué medidas tomó una vez que identificó las diferencias que ahora reconoce públicamente. La Fiscalía deberá demostrar no solamente que existieron operaciones irregulares y que Ruffo ocupaba una posición societaria relevante, sino que conocía su presunto carácter ilícito y participó en ellas en los términos planteados por la acusación; la defensa, en cambio, tendrá que explicar por qué permaneció dentro de la sociedad después de advertir anomalías y documentar qué acciones emprendió para separarse de las operaciones, denunciarlas o impedir que continuaran. La pertenencia a una empresa o a un consejo de administración es un elemento relevante para la investigación, pero la responsabilidad penal individual deberá acreditarse con pruebas sobre conocimiento, participación y conducta concreta.

Otro elemento surgido de la entrevista y que no fue destacado por la FGR en su posicionamiento es la afirmación de Ruffo de que Crismón Hidrocarburos y Derivados, empresa vinculada con las operaciones comerciales cuestionadas, habría sido seleccionada de una lista de cinco compañías que, según su versión, les fue proporcionada por la Secretaría de Energía durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ruffo ha sostenido que Crismón era responsable de gestionar diversos trámites y pedimentos relacionados con el combustible. Esa declaración no demuestra por sí misma que la Secretaría de Energía, funcionarios federales o la propia empresa hayan cometido un delito, pero abre una línea que deberá ser verificada documentalmente para establecer quién propuso a los operadores comerciales, bajo qué criterios fueron seleccionados y qué responsabilidades tenía cada empresa dentro de la cadena de importación. En un expediente de esta magnitud, la reconstrucción completa de la operación será indispensable para determinar dónde comenzaban y terminaban las responsabilidades de cada participante.

El caso entra así en una etapa en la que dos narrativas opuestas deberán confrontarse con evidencia judicial y no únicamente con declaraciones públicas. La FGR asegura que posee datos de prueba “contundentes” y sostiene que la participación societaria, administrativa y financiera de Ruffo permite mantener la acusación; el exgobernador afirma que carecía de control operativo, que las importaciones eran gestionadas por terceros y que fue precisamente él quien empezó a detectar anomalías en los volúmenes declarados. Su traslado a prisión domiciliaria no significó que la causa penal fuera cancelada ni debilitada, sino únicamente una modificación de la medida cautelar mientras continúa el proceso. Corresponderá al tribunal determinar el peso de cada peritaje, documento, testimonio y movimiento financiero, así como establecer si la Fiscalía logra acreditar que Ruffo conocía y participaba deliberadamente en las operaciones que investiga. Hasta entonces, el exgobernador conserva la presunción de inocencia y ninguna de las posiciones enfrentadas constituye por sí misma una sentencia.