MÉXICO SE DESMARCA DE RESOLUCIÓN DE LA OEA QUE EXIGE ELECCIONES LIBRES Y LIBERACIÓN DE PRESOS EN NICARAGUA

Washington, D.C.- México decidió no acompañar la resolución aprobada este 2 de octubre por la Organización de los Estados Americanos sobre la crisis política de Nicaragua, documento que exige al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberar incondicionalmente a las personas detenidas por motivos políticos, esclarecer casos de desaparición forzada, restituir nacionalidades retiradas arbitrariamente, garantizar libertades civiles y generar condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas. El representante mexicano ante la OEA, Alejandro Encinas, explicó que el Gobierno de México mantiene objeciones principalmente frente al planteamiento de considerar la situación interna nicaragüense como una posible amenaza para la paz y la seguridad hemisférica, y sostuvo que los problemas relacionados con derechos humanos y democracia no deben convertirse automáticamente en asuntos de seguridad regional.

Durante la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Washington, Encinas reiteró los principios de no intervención y solución pacífica de controversias que México utiliza como fundamento de su política exterior. El diplomático rechazó cualquier escenario que pudiera abrir paso a acciones de intervención extranjera y planteó que la salida a la crisis debe privilegiar el diálogo, la cooperación y mecanismos diplomáticos. La postura mexicana no significó una defensa expresa de las decisiones adoptadas por el gobierno nicaragüense, pero sí una diferencia con el enfoque promovido por países que consideran que el deterioro institucional de Nicaragua ya genera consecuencias regionales y requiere una respuesta colectiva más contundente.

La resolución titulada “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua” reclama una serie de medidas inmediatas y verificables. Entre ellas se encuentran el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica; la devolución de derechos y bienes a organizaciones civiles, universidades, empresas, instituciones religiosas y medios de comunicación disueltos o afectados por decisiones gubernamentales; así como la recuperación de la independencia de las instituciones públicas, la separación de poderes y el pluralismo político. El texto también cuestiona reformas constitucionales y legales aprobadas durante 2025 y 2026 que, de acuerdo con la OEA, han profundizado la concentración del poder político en el Ejecutivo nicaragüense.

En materia electoral, el organismo hemisférico pide que Nicaragua restablezca derechos políticos y cree las condiciones necesarias para comicios genuinamente competitivos, con una autoridad electoral independiente y observación internacional creíble. La discusión tomó especial relevancia después de declaraciones del presidente Daniel Ortega en las que cuestionó la realización de nuevos procesos electorales y tras modificaciones legales que han restringido la participación opositora. Nicaragua abandonó formalmente la OEA en noviembre de 2023, después de haber denunciado la Carta de la organización dos años antes, por lo que actualmente no participa como Estado miembro; sin embargo, el organismo continúa utilizando sus mecanismos diplomáticos para abordar la situación nicaragüense.

Como parte de la resolución, la OEA acordó crear un Grupo Ministerial de Seguimiento que deberá intentar establecer un diálogo directo con las autoridades de Managua, así como mantener contacto con representantes de la oposición, organizaciones de la sociedad civil, sectores religiosos, empresariales y ciudadanos nicaragüenses en el exilio. El grupo tendrá un plazo de hasta 60 días para presentar recomendaciones sobre posibles acciones diplomáticas y jurídicas que no contemplen el uso de la fuerza. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, presentó el mecanismo como una vía para generar condiciones que permitan a los propios nicaragüenses decidir su futuro mediante instituciones democráticas y elecciones libres.

La sesión ocurre en medio de denuncias internacionales que se han acumulado desde la crisis política iniciada en 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas señalaron, previo a la reunión, que continúan documentando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia estatal, confiscación de propiedades, privación de nacionalidad y persecución contra opositores, periodistas, integrantes de organizaciones civiles y miembros de comunidades religiosas. El Gobierno nicaragüense ha rechazado reiteradamente buena parte de esas acusaciones y sostiene que las decisiones adoptadas responden a la defensa de su soberanía frente a intentos de desestabilización externa.

La posición mexicana mostró además que, aun entre gobiernos latinoamericanos que han cuestionado algunos aspectos de la situación nicaragüense, existen diferencias sobre hasta dónde debe llegar la actuación de la OEA. México y Brasil expresaron reservas particularmente sobre la vinculación de Nicaragua con una amenaza a la seguridad regional, mientras otros países respaldaron un lenguaje más firme. De esta manera, el debate no se limitó a las condiciones internas del país centroamericano, sino también a una discusión histórica dentro del continente: hasta dónde puede llegar la acción colectiva internacional frente a violaciones de derechos humanos sin vulnerar el principio de no intervención.