QUERÉTARO AVANZA REFORMA DE NACIONALIDAD ÚNICA; COMISIÓN LA APRUEBA CON DOS VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro aprobó este lunes el proyecto de dictamen de la minuta que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad única para quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y locales.

El proyecto obtuvo dos votos a favor y uno en contra durante la sesión encabezada por Homero Barrera McDonald e integrada también por Eric Silva Hernández y Enrique Antonio Correa Sada. A la reunión acudieron además los diputados Teresita Calzada Rovirosa y Paul Ospital Carrera.

La reforma establece que quien aspire a encabezar la Presidencia de la República, el gobierno de una entidad federativa o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá mantener exclusivamente la nacionalidad mexicana para ejercer el cargo.

La propuesta no elimina la posibilidad de que los mexicanos tengan doble nacionalidad. Quienes posean otra nacionalidad y pretendan contender por alguno de los cargos incluidos en la reforma podrán hacerlo siempre que previamente renuncien a la nacionalidad extranjera conforme al procedimiento establecido legalmente.

Durante la discusión, el diputado Enrique Correa Sada argumentó su voto en contra al considerar que la lealtad hacia México no puede determinarse por la cantidad de nacionalidades o pasaportes que tenga una persona.

“La lealtad a México se demuestra con actos y no con pasaportes”, expresó el legislador, quien sostuvo que una persona puede contar únicamente con nacionalidad mexicana y actuar contra los intereses nacionales, mientras otra con doble nacionalidad puede dedicar su vida a trabajar en favor del país.

Correa Sada también recordó que México reconoció jurídicamente la realidad de millones de connacionales que viven fuera del territorio nacional y advirtió que imponer este requisito podría transmitir un mensaje contradictorio hacia las comunidades mexicanas en el extranjero.

En sentido contrario, el presidente de la comisión, Homero Barrera McDonald, defendió el proyecto al considerar que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano.

Barrera aclaró que la modificación no busca eliminar ni cuestionar la doble nacionalidad de los ciudadanos en general, sino establecer una condición específica para quienes reciban la responsabilidad de encabezar el Poder Ejecutivo.

“No hablamos de desconfianza hacia las personas binacionales, hablamos de certeza constitucional; no hablamos de nacionalismo excluyente, hablamos de soberanía popular”, sostuvo durante la sesión.

El legislador explicó que la reforma pretende cerrar lo que sus promotores consideran una brecha en la legislación vigente: actualmente una persona puede acreditar ante México la renuncia a otra nacionalidad sin que necesariamente haya desaparecido ese vínculo jurídico ante el otro Estado.

Por su parte, Paul Ospital Carrera, diputado de Movimiento Ciudadano, se manifestó en contra de la modificación y sostuvo que puede afectar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.

Ospital cuestionó que México impulse el voto de sus ciudadanos residentes en el extranjero y reconozca su aportación mediante las remesas, mientras se establecen nuevas condiciones para que puedan acceder a determinados cargos.

“Bienvenido su voto, pueden votar pero no ser votados”, expresó el legislador al cuestionar el alcance de la propuesta. Sus argumentos coinciden con objeciones planteadas durante la discusión federal por legisladores opositores, quienes han señalado posibles afectaciones a los derechos políticos de mexicanos residentes en el exterior.

Eric Silva Hernández respaldó el proyecto y sostuvo que las personas con doble nacionalidad no quedan automáticamente impedidas para competir, ya que tienen la posibilidad de renunciar a la segunda nacionalidad antes de participar en el proceso correspondiente.

El legislador consideró que esa decisión representa una condición que quienes pretendan gobernar deben estar dispuestos a asumir para mantener exclusivamente su vínculo jurídico con México.

Teresita Calzada Rovirosa también intervino en la discusión y planteó que el debate sobre la nacionalidad podría extenderse a otros cargos de elección popular, como presidencias municipales y diputaciones, aunque esos puestos no forman parte de los tres artículos contemplados en la minuta discutida.

La discusión sobre la nacionalidad única ha generado posiciones encontradas también en el Congreso de la Unión. Quienes respaldan la reforma argumentan razones de soberanía y exclusividad del vínculo jurídico de los titulares de los poderes ejecutivos; sus críticos sostienen que tener una segunda nacionalidad no determina la lealtad de una persona y advierten una posible restricción de derechos políticos.

Con la aprobación en comisión, el dictamen avanza dentro del proceso legislativo local. Al tratarse de una modificación a la Constitución federal, su entrada en vigor requiere cumplir el procedimiento previsto para las reformas constitucionales, incluida la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados.