Laura Ballesteros lo dijo hace unas semanas: adelantar los procesos es adelantar los pleitos.
En aquel momento podía parecer simplemente una postura política frente a la decisión de otros partidos de comenzar anticipadamente sus procesos rumbo a 2027.
Hoy parece una profecía.
Porque las precampañas para la gubernatura de Querétaro comenzarán formalmente hasta enero de 2027 y, sin embargo, desde hace meses prácticamente todos sabemos quiénes quieren ser candidatos, quiénes recorren el estado, quiénes construyen estructuras y quiénes compiten en encuestas para definir quién encabezará a sus partidos.
Les llamamos coordinadores.
Les llamamos recorridos.
Les llamamos procesos de organización.
Pero cambiarle el nombre a las cosas no necesariamente cambia su naturaleza.
Y esto no es solamente una interpretación política. Janine Otálora ha advertido que este tipo de mecanismos pueden constituir un fraude a la ley; Lorenzo Córdova los ha calificado como una simulación y actos anticipados de precampaña; Alfredo Figueroa y Luis Carlos Ugalde han cuestionado igualmente la utilización de figuras partidistas para adelantar, en los hechos, procesos de selección de candidaturas.
No hace falta extender demasiado la discusión jurídica para entender el problema.
Los partidos adelantaron el reloj electoral.
Y con él adelantaron también sus problemas.
La demostración más reciente ocurrió ayer.
Acción Nacional construyó desde hace meses su propio mecanismo para definir anticipadamente quién encabezará su proyecto rumbo a 2027.
Le llamó “Cuidar Querétaro”.
Participaron Felifer Macías, Luis Nava, Agustín Dorantes y Chepe Guerrero.
Hubo recorridos.
Hubo estructuras.
Hubo encuestas.
Y hubo incluso una especie de veda acordada entre los participantes mientras se levantaba la medición definitiva.
Todo parecía bajo control.
Hasta ayer.
Luis Nava rompió el silencio y puso sobre la mesa algo mucho más delicado que una diferencia entre aspirantes: cuestionó la confiabilidad del procedimiento.
Y en esto hay que reconocer que su planteamiento tiene fundamento.
Nava aseguró que un comunicador había dicho conocer los resultados de dos encuestas internas que ni siquiera los propios participantes conocían.
El comunicador al que se refería era Rafael Pinzón.
Entonces aparece una disyuntiva bastante sencilla y ninguna de sus dos respuestas resulta cómoda.
O la información no existía y el comunicador presentó como ciertos resultados de encuestas internas que en realidad no tenía.
O la información sí existía y alguien tuvo acceso a ella antes que los propios participantes.
Si ocurrió lo primero, la explicación corresponde a quien difundió la información, porque estaría en juego también el prestigio profesional de Rafael Pinzón.
Pero si ocurrió lo segundo, el problema es mucho más serio.
Porque entonces alguien externo a los aspirantes conocía información privilegiada de un proceso que supuestamente debía desarrollarse bajo condiciones de confidencialidad, certeza y equidad.
Por eso la respuesta de la dirigencia panista no termina de resolver el fondo del cuestionamiento.
Martín Arango sostuvo que no podía existir una filtración de la encuesta oficial porque ésta todavía se encuentra en levantamiento.
Está bien.
Entonces la pregunta sigue siendo exactamente la misma:
¿Qué información conoció Rafael Pinzón?
¿Quién se la entregó?
¿De qué encuestas provenía?
¿Eran mediciones anteriores?
¿Resultados parciales?
¿O simplemente información falsa?
Alguien tiene que responder.
Porque una vez instalada esa duda, el proceso queda políticamente viciado.
Y existe además otro ingrediente que vuelve indispensable la transparencia.
El perfil señalado públicamente como puntero era Felifer Macías.
Macías ha tenido históricamente cercanía política con el grupo de Ricardo Anaya, aunque en años recientes también se ha identificado públicamente con el proyecto del gobernador Mauricio Kuri.
Y el grupo político vinculado a Anaya mantiene una influencia relevante dentro de la estructura nacional panista.
Esto no demuestra que alguien haya manipulado una encuesta.
Tampoco demuestra que exista una operación desde el Comité Ejecutivo Nacional para beneficiar a determinado aspirante.
Pero precisamente por esas relaciones políticas el PAN tendría que construir un procedimiento en el que nadie pueda razonablemente sospechar que quien participa en las decisiones del partido pueda terminar siendo también parte interesada en el resultado.
Juez y parte.
La transparencia no puede depender simplemente de pedirles a los participantes que confíen.
Tiene que demostrarse.
Por eso la propuesta de Nava de involucrar a la Universidad Autónoma de Querétaro no debería resultar incómoda para un proceso que se dice transparente.
Una medición verificable, con representantes de los participantes y resultados conocidos simultáneamente por todos, podría precisamente ayudar a despejar las dudas que ya existen.
Porque el problema dejó de ser únicamente quién tiene más puntos.
Ahora existe una pregunta anterior:
¿Todos van a creer en esos puntos cuando aparezcan?
Una encuesta interna no solamente tiene que producir un ganador.
Tiene que producir perdedores que reconozcan al ganador.
Y cuando alguien comienza a cuestionar el árbitro, el método o el acceso privilegiado a los resultados, la unidad posterior se vuelve mucho más complicada.
Después vinieron los pronunciamientos.
Felifer Macías respaldó el proceso y expresó su confianza en la dirigencia.
Chepe Guerrero hizo lo propio.
Agustín Dorantes habló de unidad y de respetar los resultados.
En unas cuantas horas aquello que había sido presentado como un procedimiento ordenado terminó convertido en una discusión pública sobre filtraciones, transparencia, confianza, reglas y unidad.
Proceso adelantado.
Pleito adelantado.
Pero lo interesante es que ya habíamos visto esta película.
Semanas antes ocurrió algo parecido en la otra gran fuerza política que decidió anticipar su definición rumbo a 2027.
Morena anunció a Santiago Nieto como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Formalmente no era candidato a gobernador.
Políticamente, era difícil ignorar lo que significaba aquella definición.
Pero prácticamente en cuanto Morena consideró resuelto su proceso apareció un problema con uno de sus principales posibles aliados: el Partido Verde.
Ricardo Astudillo levantó la voz.
El dirigente estatal del Verde recordó que, desde su perspectiva, existían acuerdos que todavía debían cumplirse y sostuvo que tendría que realizarse una medición entre su perfil y Santiago Nieto.
Su posición llegó a resumirse en una frase bastante clara:
“Si no hay medición, no hay coalición”.
Morena respondió que su proceso estaba concluido y descartó una nueva encuesta.
Pero que Morena haya terminado su proceso no significa que sus posibles aliados hayan terminado el suyo.
Hasta hoy el Partido Verde no ha hecho una definición pública que termine de despejar la incógnita sobre una eventual candidatura de Santiago Nieto respaldada por toda la coalición.
De hecho, el Verde continúa organizando su propia estructura rumbo a 2027.
Otro proceso adelantado.
Otro pleito adelantado.
Y aquí es donde aquella frase de Laura Ballesteros deja de parecer solamente una declaración política.
Porque ocurrió en dos procesos distintos.
Y todo esto a 4 meses de las precampañas.
Ahí está quizá el problema de origen.
Los partidos quieren llegar a enero con todo resuelto: candidato prácticamente definido, estructuras alineadas, adversarios internos disciplinados y militancia caminando en una sola dirección.
Tiene lógica política.
Pero tiene un costo. Es ilegal.
Porque adelantar una definición también adelanta todo lo que viene con ella.
Sospechas. Filtraciones. Agravios. Inconformes.
Y, sobre todo, adelantas la pregunta más incómoda de cualquier proceso interno:
¿Me ganaron o me hicieron perder?
Una pregunta que toma sentido con el tiempo.
Movimiento Ciudadano, por ahora, ha decidido esperar.
Faltan todavía más de tres meses para que comiencen formalmente las precampañas y ya tenemos coordinadores, encuestas, recorridos, filtraciones, reclamos y aliados que todavía no terminan de definir si lo serán.
Todo antes de que legalmente empiece aquello que políticamente comenzó hace meses.
Así que Laura Ballesteros tenía más razón de la que quizá imaginábamos.
Más que un comentario político, parecía una profecía:
adelantar los procesos es adelantar los pleitos.