JUEZ SUSPENDIDO ACUSA “CASO EJEMPLARIZANTE”; TRIBUNAL DE DISCIPLINA LLEVÓ SU EXPEDIENTE HASTA LA FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, juez de control federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Colima, afirmó que el procedimiento abierto en su contra puede convertirse en un caso “ejemplarizante” para otros integrantes del Poder Judicial.

El conflicto se remonta a 2022, cuando Sigales intervino en cuatro procedimientos abreviados y redujo las penas solicitadas originalmente por el Ministerio Público. De acuerdo con su versión, las personas procesadas no tenían antecedentes penales y las defensas solicitaron que el juzgador realizara un control sobre las penas planteadas por la Fiscalía.

Las condenas propuestas inicialmente eran de cuatro años y dos meses de prisión y fueron reducidas a tres años y cuatro meses. Posteriormente, la Fiscalía impugnó esas decisiones y un tribunal de apelación en Colima revocó las determinaciones del juez y ordenó restablecer las penas originales.

Sigales sostiene que sus resoluciones correspondieron a una interpretación jurídica y que las diferencias entre jueces y tribunales deben resolverse mediante apelaciones y amparos, no a través de procedimientos disciplinarios o investigaciones penales.

“Mi caso es, desde mi punto de vista, generar temor en los juzgadores”, declaró durante una entrevista con Aristegui en Vivo.

El procedimiento administrativo contra Sigales comenzó desde 2023. En agosto de 2025, el entonces Consejo de la Judicatura Federal emitió un informe de presunta responsabilidad y, tras la entrada en funciones del Tribunal de Disciplina Judicial, el expediente pasó al nuevo órgano encargado de investigar y sancionar posibles faltas de jueces y magistrados.

La defensa, encabezada por Arturo Guerrero Zazueta, ha cuestionado diversas etapas del procedimiento, entre ellas qué comisión ordenó inicialmente la suspensión y los tiempos utilizados para resolver las medidas cautelares contra el juzgador.

El caso dio posteriormente un paso hacia el ámbito penal. El propio Tribunal de Disciplina Judicial dio vista a la Fiscalía General de la República por la posible comisión de delitos relacionados con la administración de justicia. La denuncia fue presentada mientras el procedimiento disciplinario todavía se encontraba abierto.

La investigación penal se relaciona con el artículo 225 del Código Penal Federal y con la presunta emisión de resoluciones contrarias a disposiciones legales durante los procedimientos abreviados. Sigales rechaza que su conducta constituya un delito y sostiene que se trata únicamente de una controversia sobre interpretación jurídica.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) se pronunció este 14 de octubre contra el procedimiento y calificó la actuación penal como una forma de persecución contra el juzgador. Esa postura corresponde a la organización de jueces y no constituye una determinación judicial sobre la legalidad del caso.

La controversia también tiene un componente político. En noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum habló públicamente sobre un juez de Colima que presuntamente había dejado en libertad a una persona señalada por actividades delictivas. La defensa de Sigales considera que esas declaraciones pudieron influir en el contexto del procedimiento, aunque el expediente penal actual se refiere a resoluciones emitidas en 2022.

Sigales también ha reconocido que durante su trayectoria inaplicó en numerosos casos la prisión preventiva oficiosa, argumentando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juez sostiene que inaplicar esa figura no significa necesariamente dejar libre a una persona, pues en diversos asuntos impuso prisión preventiva justificada u otras medidas cautelares.

Hasta ahora, el fondo del procedimiento disciplinario continúa siendo objeto de disputa entre la defensa y el Tribunal, mientras la FGR mantiene abierta la vertiente penal del caso.