La privatización silenciosa de la salud

La privatización silenciosa de la salud • La columna de Jair Miquel para Inédito Mx

Hay errores gubernamentales que cuestan dinero. Otros cuestan vidas. En materia de salud, la Cuarta Transformación ha demostrado que ambas consecuencias pueden encontrarse en una misma política pública.

Todo comenzó con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), aquel experimento con el que Andrés Manuel López Obrador sustituyó al Seguro Popular bajo la promesa de construir un sistema de salud como el de Dinamarca. Tres años después, el propio gobierno desapareció al Insabi, dejando tras de sí una transformación institucional fallida y un deterioro preocupante en el acceso a los servicios médicos.

En 2018, aproximadamente 20 millones de mexicanos carecían de acceso a servicios de salud. Para 2024, la cifra había alcanzado los 44.5 millones. Aunque este deterioro responde a múltiples factores, resulta imposible desvincularlo de las decisiones sanitarias del obradorismo.

Por sus consecuencias sociales, considero que aquella experiencia merece una definición particularmente severa: una política criminal de salud, entendida como una condena política a la irresponsabilidad gubernamental, no como una imputación penal.

Después llegó la Megafarmacia del Bienestar, un ridículo monumental presentado como solución definitiva al desabasto de medicamentos. Un proyecto cuya inversión inicial rondó los cuatro mil millones de pesos, sin que sus resultados iniciales estuvieran a la altura de las promesas presidenciales.

Recursos que, administrados de otra manera, pudieron contribuir a fortalecer hospitales, adquirir medicamentos o mejorar la atención médica. Y que hoy cobran especial relevancia frente a las protestas de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Porque las movilizaciones del IMSS no solamente evidencian inconformidades salariales, laborales y sindicales. También ponen de manifiesto las carencias estructurales de una institución de la que dependen millones de mexicanos.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental: los trabajadores del IMSS están organizados para protestar; los pacientes, generalmente, padecen las consecuencias en silencio.

Detrás de cada manifestación existen miles de historias que no llegan a los medios. El jubilado que compra medicamentos porque no los encuentra en su clínica; la madre que paga estudios de laboratorio ante una espera interminable; el trabajador que, aun contando con seguridad social, termina recurriendo a una consulta particular.

Y las cifras revelan la profundidad del problema.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, seis de cada diez mexicanos que recibieron atención médica en 2024 acudieron a establecimientos privados o farmacias. Además, el gasto de bolsillo de las familias aumentó 7.9% en términos reales entre 2022 y 2024.

En los casos más graves, el gasto médico puede convertirse en catastrófico al alcanzar el 40% de la capacidad de pago familiar, conforme a uno de los umbrales utilizados internacionalmente. No es el promedio nacional, pero ilustra cómo una enfermedad puede comprometer el patrimonio de una familia.

Mientras tanto, Farmacias Similares, Salud Digna y numerosos consultorios y laboratorios privados se han convertido en alternativas cotidianas para quienes no encuentran una respuesta oportuna en las instituciones públicas.

No hay nada reprochable en la participación de empresas privadas en el sector sanitario. Lo verdaderamente preocupante es que recurrir a ellas deje de ser una elección para convertirse en una necesidad.

Porque la privatización de la salud no siempre comienza vendiendo hospitales. También ocurre cuando el Estado conserva formalmente la obligación de atender a sus ciudadanos, pero termina trasladando silenciosamente el costo de esa atención a sus bolsillos.

Es cierto que las deficiencias de nuestro sistema sanitario preceden a la Cuarta Transformación. Pero también es cierto que quienes prometieron resolverlas asumieron la responsabilidad de sus decisiones.

Las protestas del IMSS son apenas la expresión organizada de una crisis mucho más extensa. Una crisis que no se mide solamente en presupuestos, plazas laborales o infraestructura, sino en millones de familias obligadas a pagar por servicios que deberían recibir del Estado.

Y esa es, quizá, una de las contradicciones más profundas de un movimiento político que hizo de la defensa de los pobres su principal bandera: que la enfermedad siga convirtiéndose en una amenaza para el patrimonio de quienes menos tienen.

México está experimentando una privatización silenciosa de la salud. Una que no necesita reformas constitucionales, concesiones ni decretos. Le basta con hospitales insuficientes, consultas postergadas y recetas que no pueden surtirse.

Porque mientras el gobierno siga prometiendo salud gratuita y los mexicanos tengan que pagar por ella, la verdadera transformación estará ocurriendo, silenciosamente, en sus bolsillos.