Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.– El Comité Ejecutivo Nacional de Morena dispersó 134 millones 901 mil pesos mediante Financiera para el Bienestar (Finabien) durante 2024, año en el que se celebraron las elecciones presidenciales y federales en México, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La investigación, publicada bajo el nombre #MorenaGate, está sustentada en documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia y en una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) de Financiera para el Bienestar.
Según los documentos, durante 2024 se realizaron 252 mil 901 pagos clasificados como “apoyos económicos”, por un promedio aproximado de 533 pesos por operación.
El mecanismo tuvo su origen en un contrato firmado en junio de 2022 entre el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la entonces Telecomunicaciones de México, posteriormente transformada en Financiera para el Bienestar.
En ese momento, Morena era encabezado nacionalmente por Mario Delgado.
De acuerdo con la información entregada por Finabien, entre 2022 y 2024 se dispersaron mediante ese contrato 144 millones 520 mil pesos a través de 276 mil 627 pagos a beneficiarios designados por el propio Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
Las cifras muestran un incremento considerable durante el año electoral.
En 2022 fueron distribuidos 4.3 millones de pesos entre 10 mil 999 beneficiarios, mientras que durante 2023 se realizaron 12 mil 727 pagos por aproximadamente 5.3 millones de pesos.
Para 2024, el número de operaciones aumentó hasta 252 mil 901 y el monto alcanzó los 134.9 millones de pesos.
Esto significa que prácticamente 93 de cada 100 pesos dispersados mediante el contrato entre 2022 y 2024 fueron entregados durante el año de la elección presidencial.
La auditoría interna también documentó que el mecanismo permaneció activo durante junio de 2024, mes en el que se realizaron las elecciones federales.
Un corte fechado el 28 de junio registraba 140 mil 878 operaciones realizadas. La elección presidencial había ocurrido el 2 de junio.
Uno de los principales cuestionamientos de la investigación se encuentra en la fiscalización electoral.
MCCI revisó los reportes de gastos ordinarios de Morena y los informes correspondientes a las campañas federales de 2024 y aseguró que no encontró identificado el monto de 134.9 millones de pesos dispersado mediante Finabien.
En los informes de campaña de las candidaturas de Morena al Senado y a la Cámara de Diputados fueron reportadas 5 mil 240 operaciones por 154.9 millones de pesos.
En el caso de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum se declararon gastos por 425 millones 862 mil pesos.
Según la revisión realizada por MCCI, ninguno de esos informes identifica los 134.9 millones de pesos correspondientes a los “apoyos económicos” entregados mediante Financiera para el Bienestar.
Este hallazgo no significa, por sí mismo, que exista una determinación oficial de financiamiento electoral ilegal o de alguna infracción cometida por Morena. La fiscalización de los recursos de los partidos políticos corresponde al Instituto Nacional Electoral y cualquier eventual responsabilidad tendría que ser determinada por las autoridades competentes.
La auditoría del Órgano Interno de Control también generó cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para supervisar la operación.
El documento señaló que no identificó acciones o protocolos relacionados con determinadas disposiciones en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, instituciones de tecnología financiera y regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Financiera para el Bienestar rechazó categóricamente cualquier señalamiento de irregularidad.
La institución explicó que su participación consistió exclusivamente en prestar a Morena el servicio denominado “giro telegráfico a grandes usuarios” y precisó que los recursos entregados fueron clasificados contractualmente como “apoyos económicos” y no como “apoyos sociales”.
Finabien también calificó como falso e infundado sostener que hubiera operado fuera de los mecanismos de supervisión correspondientes y recordó que no tiene atribuciones para realizar tareas de fiscalización electoral.
La institución señaló que esa responsabilidad corresponde al Instituto Nacional Electoral.
La investigación también establece que los contratos obtenidos mediante transparencia no detallan información como el monto total que sería dispersado, la vigencia para cobrar los apoyos o la cuenta de origen desde la que Morena habría transferido los recursos hacia la Financiera.
MCCI comparó la magnitud de los recursos con el llamado Monexgate de la elección presidencial de 2012. En aquel caso, la autoridad electoral documentó la distribución de 70.8 millones de pesos mediante cerca de 10 mil tarjetas relacionadas con operaciones del PRI.
Los 134.9 millones de pesos dispersados por Morena durante 2024 representan prácticamente el doble de aquella cantidad, aunque se trata de operaciones, contextos y procedimientos jurídicos distintos y no puede establecerse una equivalencia sobre su legalidad únicamente a partir de los montos.
La investigación abre ahora varias interrogantes: quiénes fueron los beneficiarios de los 252 mil 901 pagos realizados durante 2024, bajo qué criterios fueron seleccionados, cuál fue concretamente la finalidad de los recursos y cómo fueron registrados contablemente por Morena.
Hasta ahora no existe una resolución del INE que establezca que estos pagos constituyeron financiamiento electoral ilegal, compra de votos o alguna otra infracción electoral.
El punto documentado es que existió una dispersión de 134.9 millones de pesos mediante Finabien durante el año electoral y que, según la revisión realizada por MCCI, ese monto no aparece identificado en los informes partidistas y electorales analizados.
La investigación adquiere especial relevancia porque el esquema no terminó con la dirigencia de Mario Delgado. MCCI documentó que en abril de 2025, ya con Luisa María Alcalde al frente de Morena y Andrés Manuel López Beltrán como secretario de Organización, fue firmado un nuevo contrato con Finabien para prestar servicios similares.
La eventual existencia de irregularidades administrativas, financieras o electorales tendrá que ser determinada por las instituciones responsables de fiscalizar los recursos públicos y partidistas.