ROCHA MOYA REGRESA AL PODER EN SINALOA: 112 DÍAS DE LICENCIA, ACUSACIONES DESDE EU Y UNA INVESTIGACIÓN QUE NO ENCONTRÓ PRUEBAS SUFICIENTES PARA PROCEDER

Culiacán, Sinaloa, 21 de agosto de 2026.– Rubén Rocha Moya está de regreso.

Después de 112 días separado de la gubernatura de Sinaloa, el mandatario morenista anunció este viernes que retomó formalmente las funciones para las que fue electo hasta el 31 de octubre de 2027.

“Regreso con la frente limpia y en alto”, aseguró.

El regreso cierra, al menos administrativamente, un periodo extraordinario en la política sinaloense que comenzó el pasado 1 de mayo, cuando Rocha solicitó licencia temporal en medio de acusaciones formuladas desde Estados Unidos por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.

Pero políticamente el episodio está lejos de terminar.

Rocha vuelve al Palacio de Gobierno después de que las autoridades mexicanas determinaran que no contaban con elementos probatorios suficientes para proceder penalmente en su contra a partir de la información proporcionada inicialmente por Estados Unidos.

La diferencia es jurídicamente importante: la Fiscalía General de la República no ha informado de una sentencia absolutoria ni de un juicio en el que Rocha haya sido declarado inocente. Lo que comunicó durante el desarrollo del caso es que los elementos disponibles no resultaban suficientes para justificar una detención y que era necesario obtener mayor información de las autoridades estadounidenses.

El propio gobernador utilizó esa circunstancia como argumento central para justificar su regreso.

Rocha sostuvo este viernes que después de 112 días de investigación no existen elementos mínimos que permitan acreditar su participación en alguna conducta delictiva.

También aseguró que durante su licencia compareció personalmente ante la FGR y respondió los requerimientos de las autoridades mexicanas.

Su salida del gobierno había comenzado el 1 de mayo.

Unos días antes, autoridades estadounidenses habían presentado acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó entonces que el 28 de abril recibió de Estados Unidos solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

La documentación fue analizada bajo el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

Y desde ese primer momento apareció un problema.

La Cancillería mexicana informó que los documentos enviados por la Embajada estadounidense no contenían elementos probatorios suficientes para determinar la responsabilidad de las personas cuya detención había sido solicitada.

El expediente fue turnado a la FGR.

La Fiscalía inició entonces su propia revisión para determinar si existían elementos jurídicos que permitieran proceder en México.

Rocha decidió separarse temporalmente del gobierno.

Al anunciar su licencia aseguró que buscaba facilitar las investigaciones y evitar que su permanencia en el cargo pudiera interpretarse como un obstáculo para las autoridades.

“Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, dijo entonces.

Durante los meses siguientes, la FGR mantuvo públicamente que no tenía elementos suficientes para proceder contra el gobernador.

En julio, la Fiscalía reiteró que hasta ese momento no existían pruebas suficientes que justificaran su detención provisional y señaló que solicitaría al gobierno estadounidense ampliar la evidencia presentada.

Ese punto resulta fundamental para entender el regreso de Rocha.

No se trata de que un tribunal mexicano haya analizado un proceso penal y posteriormente lo haya absuelto.

La situación es distinta: las autoridades mexicanas determinaron que la información disponible no alcanzaba el estándar necesario para proceder contra él.

Rocha considera que eso reivindica su posición.

Este viernes sostuvo que se sometió a las investigaciones como cualquier ciudadano y aseguró que no se protegió mediante el fuero constitucional asociado a su cargo.

El gobernador también elevó el tono político.

Calificó las acusaciones provenientes de Estados Unidos como falsas y atribuyó los señalamientos a motivaciones “políticas e injerencistas” de sectores de la derecha nacional y extranjera.

Esa afirmación corresponde a la interpretación política del mandatario. Hasta ahora, no existe una resolución judicial que establezca que las acusaciones estadounidenses hayan sido fabricadas con ese propósito.

Rocha también reiteró su pertenencia al proyecto político de la Cuarta Transformación y manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Su retorno ocurre, sin embargo, en un momento especialmente complejo para Sinaloa.

El estado continúa marcado por las consecuencias de la ruptura interna del Cártel de Sinaloa, las investigaciones alrededor de sus estructuras criminales y las repercusiones políticas del secuestro y posterior traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

A ese escenario se sumó esta semana la detención de Fausto Corrales Rodríguez, considerado una pieza relevante dentro de las investigaciones sobre los acontecimientos del 25 de julio de 2024.

Ese día confluyeron dos acontecimientos que todavía generan interrogantes: la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y político Héctor Melesio Cuén Ojeda, y el traslado de Zambada a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López.

La primera versión oficial presentada en Sinaloa sostenía que Cuén había sido atacado durante un intento de robo en una gasolinera.

Esa reconstrucción fue posteriormente cuestionada por la FGR, que señaló inconsistencias en la investigación estatal.

La detención de Corrales ha vuelto a colocar aquellos acontecimientos bajo atención nacional debido a su cercanía con Cuén y al conocimiento que podría tener sobre las circunstancias de ese día.

El caso representa un problema político adicional para Sinaloa precisamente cuando Rocha intenta cerrar el capítulo abierto por las acusaciones estadounidenses.

También existen investigaciones estadounidenses que han involucrado a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

Entre ellos se encuentra el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, quien se entregó en Estados Unidos en mayo y cuyo proceso judicial continúa.

Todo ello configura un escenario mucho más amplio que la situación jurídica individual del gobernador.

Rocha vuelve al cargo sin que las autoridades mexicanas hayan encontrado hasta ahora pruebas suficientes para detenerlo por los señalamientos estadounidenses, pero regresa a un estado donde distintas investigaciones continúan examinando las posibles conexiones entre estructuras criminales, funcionarios y acontecimientos políticos de los últimos años.

El gobernador sostiene que el periodo de licencia demostró que las acusaciones en su contra carecen de sustento.

“Que no quepan dudas a nadie; ahora y siempre defenderé, implacablemente y sin concesiones, mi honorabilidad y la de mi familia”, expresó este viernes.

También anunció que continuará participando en el proyecto político encabezado por Claudia Sheinbaum y que concluirá el periodo constitucional para el que fue electo.

Su mandato termina el 31 de octubre de 2027.

La reincorporación modifica nuevamente el equilibrio político de Sinaloa después de casi cuatro meses de ausencia.

Pero el regreso no necesariamente significa el cierre definitivo del expediente.

Estados Unidos mantiene sus propias actuaciones y México ha solicitado información adicional que permita evaluar jurídicamente los señalamientos.

Por eso, la situación actual puede resumirse de manera más precisa de otra forma: Rubén Rocha Moya no regresa después de haber sido absuelto por un tribunal.

Regresa porque, después de 112 días fuera del gobierno, las autoridades mexicanas no cuentan con elementos probatorios suficientes para proceder penalmente en su contra a partir de las acusaciones presentadas desde Estados Unidos.

La diferencia no es menor.

Y mientras las investigaciones alrededor del Cártel de Sinaloa, el caso Cuén, el secuestro de “El Mayo” Zambada y funcionarios sinaloenses continúan produciendo nuevas revelaciones, el gobernador vuelve al mismo lugar del que salió el 1 de mayo: el centro del poder político de Sinaloa.