JULIETA RAMÍREZ NEGOCIA COLABORAR COMO TESTIGO CON ESTADOS UNIDOS; N+ REVELA DOCUMENTO DEL DOJ

Ciudad de México, 9 de septiembre de 2026.– La carrera por la gubernatura de Baja California dio un giro inesperado después de que N+ Focus revelara que Julieta Ramírez Padilla, senadora con licencia de Morena y una de las aspirantes a suceder a Marina del Pilar Ávila, está bajo investigación en Estados Unidos y habría iniciado un proceso para proporcionar información al Departamento de Justicia como posible testigo colaborador.

La revelación ha sido resumida en redes sociales como que Ramírez se habría convertido en “testigo protegido” de Estados Unidos. Sin embargo, jurídicamente el documento reportado por N+ es un proffer agreement: un mecanismo preliminar mediante el cual una persona investigada o un potencial testigo ofrece información a fiscales estadounidenses bajo determinadas condiciones. No acredita, por sí mismo, que ya tenga formalmente el estatus de “testigo protegido”.

N+ Focus, en una investigación de Alejandra Barriguete y Luis Villegas, aseguró haber tenido acceso al documento entre la oficina del Departamento de Justicia en San Diego y Ramírez. De acuerdo con el reportaje, la legisladora habría aceptado participar en una reunión con fiscales y agentes federales para determinar si posee información confiable y útil para las autoridades estadounidenses.

El mecanismo tiene una característica particularmente relevante: las declaraciones realizadas durante esa sesión cuentan con una protección limitada para que no sean utilizadas directamente contra quien las proporciona, aunque eso no significa inmunidad general ni garantiza automáticamente algún beneficio. La decisión sobre cualquier trato posterior quedaría en manos de los fiscales estadounidenses.

N+ agregó la noche del 8 de septiembre nuevos elementos. Según el medio, el documento incluye el nombre de Ramírez, el de un funcionario federal relacionado con el caso en Washington y el de otro testigo colaborador de agencias estadounidenses. El noticiario también aseguró que la investigación en torno a la morenista se remonta a 2022 y que fueron sus abogados quienes solicitaron acceder a este mecanismo.

Ahí aparece la pregunta que comienza a sacudir la política bajacaliforniana: ¿qué información puede proporcionar Julieta Ramírez que resulte de interés para el Departamento de Justicia de Estados Unidos y a quién podría involucrar?

Hasta ahora, N+ no ha revelado públicamente el contenido de la información que eventualmente entregaría Ramírez ni existen elementos públicos suficientes para afirmar que sus declaraciones involucren a una persona específica. Convertir esa interrogante en una acusación sería adelantarse a las pruebas.

Pero políticamente resulta imposible separar el caso de su trayectoria.

Ramírez fue secretaria particular de Marina del Pilar durante la administración municipal de Mexicali y posteriormente construyó una carrera que la llevó a la Cámara de Diputados y al Senado. Actualmente tiene licencia precisamente porque busca la candidatura de Morena al gobierno de Baja California en las elecciones de 2027. N+ recordó además que Marina del Pilar reconoció anteriormente haber buscado cooperación con autoridades estadounidenses en otra investigación.

La coincidencia coloca una presión adicional sobre el grupo político que actualmente gobierna Baja California, aunque hasta ahora no existe evidencia pública que permita concluir que ambos asuntos formen parte de una misma investigación.

Ramírez respondió frontalmente a la publicación. La morenista negó tener un acuerdo de colaboración con Estados Unidos, calificó el señalamiento como una “farsa” y lo atribuyó a una nueva operación de “guerra sucia” en su contra. También ha exigido que se presente un documento firmado por ella que pruebe la versión difundida.

N+ no retiró la investigación. Por el contrario, Enrique Acevedo respaldó públicamente el trabajo de la unidad de investigación y el noticiario regresó al tema la noche siguiente aportando nuevos detalles sobre el documento que asegura tener en su poder.

El episodio llega además en el peor momento posible para Ramírez: en plena disputa interna por la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California. La senadora con licencia compite por encabezar al movimiento en una entidad estratégica para el partido y donde la sucesión de Marina del Pilar ya se desarrolla en medio de fuertes tensiones políticas.

Por eso, más allá de la discusión semántica sobre si puede llamársele o no “testigo protegido”, el dato verdaderamente relevante es otro: N+ sostiene que una aspirante de Morena a gobernar Baja California es investigada por autoridades estadounidenses y que existe un documento para explorar su colaboración y entrega de información al Departamento de Justicia.

Ramírez lo niega. N+ sostiene su investigación.

Ahora faltan las respuestas que realmente importan: cuál es exactamente la investigación que Estados Unidos mantiene abierta desde 2022, qué información busca obtener de la legisladora, qué habría ofrecido ella y si existen otros funcionarios o políticos mexicanos relacionados con el expediente.

Porque si el documento termina acreditándose plenamente y la colaboración avanza, el problema para Morena dejará de ser únicamente quién encabezará su candidatura en Baja California.

La pregunta será qué sabe Julieta Ramírez y por qué Estados Unidos quiere escucharla.