DEFENSA DE LOS FARÍAS SUGIERE QUE “SEMBRARON” DOCUMENTOS FIRMADOS POR RAFAEL OJEDA

Ciudad de México, 9 de septiembre de 2026.– El caso del huachicol fiscal abrió un nuevo frente. La defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna puso en duda la cadena de custodia de documentos utilizados por la Fiscalía General de la República (FGR) y sugirió que algunos de ellos pudieron haber sido “sembrados” en una bodega vinculada al exvicealmirante Manuel Roberto Farías.

Epigmenio Mendieta, abogado de los Farías, sostuvo en entrevista con Aristegui en Vivo que durante el primer cateo realizado el 1 de febrero de 2026 no quedaron individualizados los documentos reservados y de seguridad nacional que posteriormente presentó la FGR. Según su versión, el acta inicial únicamente registró de manera general la existencia de cajas con documentos.

La acusación de la defensa es delicada: Mendieta afirma que conforme las autoridades revisaron las mismas cajas fueron apareciendo nuevos documentos que no habían sido descritos originalmente. Por ello cuestionó su trazabilidad y planteó que algunos pudieron ser incorporados posteriormente para vincular a Manuel Roberto Farías con movimientos y adscripciones de personal dentro de la Secretaría de Marina. La afirmación corresponde exclusivamente a la defensa y hasta ahora no ha sido acreditada judicialmente.

Pero el señalamiento adquiere una dimensión todavía mayor por las firmas que contienen algunos de esos documentos. De acuerdo con Mendieta, varios oficios fueron elaborados por áreas del Estado Mayor y algunos llevan la firma del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, tío político de los hermanos Farías. El abogado sostiene que se trataba de movimientos internos de personal y no de nombramientos relacionados con las aduanas investigadas por contrabando de combustible.

La defensa argumenta además que los documentos corresponden principalmente a 2021 y 2022, mientras que la FGR ubicaría entre 2023 y 2025 el funcionamiento de la presunta organización criminal atribuida a los Farías. Mendieta asegura que sus clientes no tenían facultades para proponer, elaborar, firmar o tramitar las designaciones que la Fiscalía intenta relacionar con ellos.

El abogado fue más allá y volvió a poner directamente a Rafael Ojeda en el centro de la discusión. Si se trata de documentos reservados elaborados y firmados por altos mandos de Marina, argumentó, la FGR debería investigar cómo terminaron almacenados en una bodega particular y quién tenía la responsabilidad de resguardarlos. Por ello pidió llamar a declarar al exsecretario, al oficial mayor y al entonces jefe del Estado Mayor.

La defensa asegura que desde junio solicitó formalmente la comparecencia de Ojeda Durán, pero afirmó que la Fiscalía “no lo ha podido encontrar”. La declaración cobra relevancia porque Fernando Farías sostiene que él mismo informó a su tío sobre irregularidades después de recibir información del contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar.

Mendieta cuestionó también otra pieza fundamental de la narrativa oficial: negó haber encontrado en la carpeta constancia de que Ojeda presentara formalmente una denuncia ante la FGR por el huachicol fiscal, como han sostenido públicamente autoridades federales. Según el abogado, en la documentación a la que ha tenido acceso no existe denuncia ni nota informativa que acredite formalmente esa actuación. Se trata nuevamente de la versión de la defensa, no de una conclusión judicial.

El episodio vuelve todavía más incómoda la pregunta que acompaña al escándalo desde hace semanas. Si la FGR sostiene que los Farías utilizaron su influencia para colocar personas en posiciones estratégicas, mientras su defensa afirma que los nombramientos eran decisiones del alto mando y algunos documentos llevan la firma del propio Ojeda, entonces resulta indispensable determinar quién ordenó realmente cada movimiento y con qué propósito.

Y todo ocurre dentro de una investigación sobre el huachicol fiscal, un esquema cuyo daño potencial a las finanzas públicas se cuenta en cientos de miles de millones de pesos y que necesitó una estructura mucho más amplia que dos marinos: funcionarios aduanales, empresas, transportistas, operadores financieros y servidores públicos.

La hipótesis de que las pruebas fueron “sembradas” tendrá que demostrarse ante los tribunales. Pero la FGR también tendrá que acreditar la integridad de sus evidencias y explicar las aparentes inconsistencias denunciadas por la defensa.

Porque mientras más avanza el expediente, menos sostenible resulta reducir uno de los mayores escándalos fiscales de México únicamente a los hermanos Farías.